Acusación particular

SUGC, Guardias Civiles por los derechos humanos

Un sindicato de guardias se presenta como acusación particular en la operación Carioca.

La formación apoya incondicionalmente a la instructora en sus investigaciones para «depurar la corrupción»

Localidad:lugo/la voz.

Un sindicato, integrado por guardias civiles que no están en activo, se ha presentado como acusación particular en el denominado caso Carioca, lo que supone, entre otras cuestiones, el ir contra los agentes que se encuentran imputados. Una representación del Sindicato Unificado de la Guardia Civil por los Derechos Humanos comparecieron en la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense para tramitar la personación.
Un portavoz de la entidad expresó ayer que no solo se presentaban como acusación particular sino que expresaban públicamente su apoyo incondicional a la jueza María del Pilar de Lara Cifuentes, que es la que se encarga de la tramitación de toda la operación que ha levantado ampollas entre diversos sectores, especialmente en el seno de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo donde hay mandos imputados y, como se sabe, un cabo se encuentra encarcelado desde el pasado mes de octubre.
«Pretendemos que se nos tenga en cuenta en dicho proceso por ser un asunto de extrema gravedad que afecta a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también a la clase política», expresó la misma fuente. El portavoz también explicó que la jueza debe tener muy claro que «son muchas las personas interesadas en que se depuren responsabilidades y se haga frente a la corrupción que pueda existir».
El hecho de que sean varios agentes los que se encuentren imputados no es óbice para que el colectivo intervenga como acusación. «Queremos que la jueza llegue al final y que se aplica la ley tanto para los jefes como para los subordinados de la Guardia Civil que puedan estar implicados», expresó la misma fuente.
La posición que mantiene el colectivo frente a la operación Carioca es dura. «Hay que exigir responsabilidades políticas, además de las penales. Hay actividades que los políticos de turno no deben ni tolerar, ni amparar ni consentir», explicaron desde el sindicato que, como consecuencia de la actual normativa, no tiene cabida dentro del Instituto Armado donde la sindicación no es factible. La formación en cuestión es posible porque quienes la integran son guardias en situación de retiro que decidieron unirse por entender que sus derechos estaban siendo sistemáticamente conculcados y también «para garantizar los derechos del resto de compañeros», según apuntó ayer uno de los portavoces de esta formación sindical.