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jueves, 13 de abril de 2017


«Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo»

http://elblogqueteharapensar.blogspot.com.es/2012/04/el-experimento-de-la-carcel-de.html

miércoles, 5 de abril de 2017

Suspendida la aplicación del IVA para la asistencia jurídica gratuita

Lo que un simple cheque al justiciable para que elija despacho profesional arreglaría...

Con efecto retroactivo desde el 1 de enero
Suspendida la aplicación del IVA para la asistencia jurídica gratuita
31 de marzo de 2017.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha trasladado al Consejo General de la Abogacía Española la comunicación del Ministerio de Hacienda por la que se suspenden los efectos de la resolución del pasado 25 enero emitida por dicho departamento y por la que la asistencia jurídica gratuita quedaba sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Ministerio de Hacienda tiene en cuenta así la Proposición de Ley presentada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, que se va a tramitar por el procedimiento de urgencia, por la que se va a modificar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y con la que se va a reforzar el sistema y la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.
Dicha iniciativa tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para afianzar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y reforzar la configuración legal del derecho a la asistencia jurídica gratuita resaltando el carácter obligatorio de la organización del servicio por parte de los colegios profesionales y el carácter gratuito de su prestación. Todo ello, con el objetivo de mantener el servicio que se presta al margen de toda sujeción o aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
A la vista de esa Proposición de Ley y con el ánimo de dotar de mayor seguridad jurídica a los abogados, a los procuradores de los tribunales a los que afecta y a los propios ciudadanos a los que se reconoce el derecho, Justicia solicitó al Ministerio de Hacienda la suspensión del criterio tal y como habían acordado ambos departamentos.
Los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro
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lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio.
En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a dudas interpretativas sobre sus efectos fiscales que desaparecerán como consecuencia de esta proposición normativa. Las administraciones públicas competentes seguirán financiando con cargo a sus dotaciones presupuestarias la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores como hasta ahora.
La norma en tramitación tendrá efecto desde el 1 de enero de este año, con lo que la suspensión ahora acordada por Hacienda implica que los profesionales no tendrán que realizar declaración del IVA del primer trimestre en lo que a asistencia jurídica se refiere.

martes, 14 de marzo de 2017

INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

En t id a d  In t e g r a l  E. I .A. Co n s u l to r í a -As e s o r í a
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Estimado/a cliente/a:

Nos ponemos en contacto con usted con objeto de informarle de que se ha aprobado la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE núm. 261, de 30 de octubre de 2012), la cual contempla una serie de medidas que son de gran importancia, destacando entre ellas la limitación a los pagos en efectivo en operaciones empresariales y profesionales, cuyos aspectos más destacados son:
 
Ámbito de aplicación
1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros (o su contravalor en moneda extranjera). No obstante, el citado importe será de 15.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. Es decir, la venta de una vivienda de un particular a otro no estará sujeta a este límite.

2. A efectos del cálculo de esas cuantías, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en
que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.


3. Se entenderá por efectivo los medios de pago siguientes:

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio
de pago al portador.


4. Al respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo, estando obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Tributaria.

5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Infracciones y sanciones

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo
establecidos en el apartado uno anterior.
2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado anterior.
Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.
3. La infracción prevista en este artículo será grave.
4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o
superior a 2.500 euros o 15.000 euros, según el supuesto de que se trate.
5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción.
6. Esta infracción administrativa no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que
intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada. La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

7. Esta sanción será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias tipificadas en otras normativas tributarias.

8. Esta infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

9. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Procedimiento sancionador

1. Para la tramitación de los procedimientos sancionadores, el órgano competente podrá requerir a los sujetos obligados los datos, antecedentes y documentos relacionados con el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el apartado uno de este artículo. Asimismo, dichos requerimientos podrán efectuarse con carácter previo al inicio, en su caso, del procedimiento sancionador.
2. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguna actuación o procedimiento de aplicación de los tributos y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.

Entrada en vigor

Todo lo expuesto relativo a la limitación de los pagos en efectivo entrará en vigor el 19 de noviembre de
2012, y resultará de aplicación a todos los pagos efectuados desde esa fecha, aunque se refieran a
operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.
Otros aspectos importantes recogidos en esta Ley Bienes en el extranjero
La nueva normativa obligará a los contribuyentes a declarar cuentas, activos e inmuebles en el extranjero.
Para ello, la Agencia Tributaria deberá establecer un nuevo formulario y, por cada dato incorrecto, se
impondrá una sanción de 5.000 euros. Además, y eso es lo importante, el declarante deberá ser capaz de
demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas.

Más y nuevas sanciones

Esta Ley incluye un listado de nuevas infracciones, por ejemplo:
- El contribuyente que presente una declaración en papel cuando esté obligado a remitirla por vía telemática será sancionado con 1.500 euros.
- La multa por no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los particulares y de, como mínimo, 3.000
euros para los empresarios, profesionales o sociedades, pudiendo llegar a 600.000 euros.
- También se refuerza la figura del inspector de Hacienda en la medida en que se contemplan sanciones de entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes particulares que son objeto de una inspección y no colaboran con los funcionarios de Hacienda. En el caso de empresarios, las multas pueden llegar a un máximo de 600.000 euros.

Agradecemos su atención a la presente comunicación informativa.

miércoles, 1 de marzo de 2017

lunes, 27 de febrero de 2017

IV Jornada de Igualdad de oportunidades en la Guardia Civil

IV Jornada de Igualdad de oportunidades en la Guardia Civil. Visión europea de la igualdad en el ámbito policial.
Hola a todos/as:
Se informa sobre la celebración de la
IV Jornada de Igualdad de oportunidades en la Guardia Civil. Visión europea de la igualdad en el ámbito policial.
En el hipervínculo podrán acceder al formulario de inscripción.
Un saludo,
Máster Universitario en Seguridad


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8kW9qcPoo-5NgF12EHscrfH9MHyfN-kybZjl2eSYk6FSNyA/viewform?c=0&w=1


miércoles, 22 de febrero de 2017

JUSTICIA: «vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde».

Abogado adscrito al correspondiente Turno de Oficio prestando servicios de asistencia jurídica gratuita al amparo de la Ley 1/1996


V0173-17 / 0179-17

25-01-2017

Abogado adscrito al correspondiente Turno de Oficio prestando servicios de asistencia jurídica gratuita al amparo de la Ley 1/1996. (Enviada como noticia 01-02-2017)

De acuerdo con todo lo anterior, este Centro directivo considera ajustada a Derecho la siguiente contestación a la consulta formulada, por lo que respecta al IVA:

Los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del Impuesto, debiéndose repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21 % a su beneficiario, destinatario de la prestación de tales servicios.

El cambio de criterio de este Centro directivo se apoya, como se ha indicado, en la sentencia del Tribunal de fecha 16 de julio de 2016 y en la consideración de que los mencionados servicios prestados por los abogados y procuradores en el marco de la Ley 1/1996 se realizan a título oneroso toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.Uno de la Ley 37/1992, constituye la base imponible de las operaciones sujetas, el importe total de la contraprestación pagada por el destinatario de las mismas o por un tercero.
En consecuencia, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, se llega a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, formando parte la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.
CONSULTAR AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO NOTA DE LA AEAT sobre estas consultas, que ha sido publicado en la web, en el apartado de “Le interesa conocer”.