Exige la demostración de la afectación exclusiva a la
actividad de un vehículo utilizado por un empresario o profesional (algo difícil de probar por
estos) para que sean deducibles en IRPF los
costes y gastos ocasionados por su compra y utilización; sin embargo el IVA por dicha compra si qué está claro que es deducible en un 50%
SUMARIO:
IRPF. Rendimientos de actividades económicas. Estimación directa.
Actividades profesionales. Gastos. No deducibles. Para que el vehículo del
empresario o profesional tenga la consideración de elemento patrimonial afecto
será necesaria la afectación exclusiva a la actividad, y sólo desde esta
perspectiva podrían considerarse deducibles los costes y gastos ocasionados por
su adquisición y utilización. Si se da esta afectación exclusiva (las
cantidades tienen una correlación debidamente probada con la obtención de los
ingresos de la actividad profesional desarrollada) y el contrato de leasing
cumple las condiciones establecidas en el art. 115 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley
IS), tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible la carga
financiera satisfecha a la entidad arrendadora y la parte de las cuotas de arrendamiento
financiero satisfechas correspondientes a la recuperación del coste del bien,
estas últimas con el límite del importe que resulte de aplicar a dicho coste el
duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización
oficialmente aprobadas. IVA. Deducciones. Limitaciones y restricciones del
derecho a deducir. Vehículos. Las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor
Añadido tanto por la compra del vehículo, como por la adquisición mediante
leasing o renting cuando el contribuyente lo afecte a sus actividades
económicas, podrán ser objeto de deducción en un 50 por ciento para el conjunto
de dichas actividades, conforme a lo previsto en el art. 95 de la Ley 37/1992.
No obstante, cuando se acredite un grado efectivo de utilización de dicho
vehículo en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional diferente
del que se haya aplicado inicialmente la deducción practicada deberá
regularizarse conforme a lo previsto en el citado art. 95 de la Ley del
Impuesto. Además, para el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas
soportadas por la adquisición del vehículo es preciso tener en cuenta el resto
de los requisitos legales recogidos en la Ley del Impuesto.
PRECEPTOS:
RDLeg. 339/1990 (TR Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial), Anexo I.
Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 30 y 31.
RDLeg.
4/2004 (TR Ley IS), arts. 10, 11, 14 y 115.
RD 439/2007 (Rgto IRPF), arts. 22 y 30.
RD
1514/2007 (PGC), art. 8.º.
Ley 37/1992 (Ley IVA), arts. 95 y 97.
Descripción sucinta de los hechos:
El consultante que se dedica a la actividad de arquitecto
técnico (epígrafe 421 del IAE), necesita adquirir un vehículo de turismo para
el desarrollo de su actividad.
Cuestión planteada:
Determinar las deducciones que el consultante podrá aplicar
como consecuencia de la adquisición del vehículo tanto en el IVA como en el
IRPF.
En caso de que el consultante no adquiera en propiedad el
vehículo, sino en renting o leasing, determinar la deducción que
tendrá derecho a practicar tanto en el IVA como en el IRPF.
Contestación:
Primero.
En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas: Respecto de la primera cuestión planteada, el artículo 22 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto) regula los elementos
patrimoniales afectos a una actividad económica, estableciendo que:
«1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una
actividad económica desarrollada por el contribuyente, con independencia de que
su titularidad, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los
siguientes:
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la
actividad.
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales
del personal al servicio de la actividad.
c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean
necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.
En ningún caso tendrán la consideración de elementos
afectos a una actividad económica los activos representativos de la
participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a
terceros y los destinados al uso particular del titular de la actividad, como
los de esparcimiento y recreo.
2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a
una actividad económica aquéllos que el contribuyente utilice para los fines de
la misma.
No se entenderán afectados:
1.º Aquéllos que se utilicen simultáneamente para
actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización
para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con lo
previsto en el apartado 4 de este artículo.
2.º Aquéllos que, siendo de la titularidad del
contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la
actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba
en contrario.
3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan
sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá
limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad
de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán afectadas aquellas
partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un
aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán
susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.
4. Se considerarán utilizados para necesidades privadas de
forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado
adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se
destinen al uso personal del contribuyente en días u horas inhábiles durante
los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a
los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas,
aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los siguientes
supuestos:
a) Los vehículos mixtos destinados al transporte de
mercancías.
b) Los destinados a la prestación de servicios de
transporte de viajeros mediante contraprestación.
c) Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza
de conductores o pilotos mediante contraprestación.
d) Los destinados a los desplazamientos profesionales de
los representantes o agentes comerciales.
e) Los destinados a ser objeto de cesión de uso con
habitualidad y onerosidad.
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo,
remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el Anexo del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho Anexo y,
en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo “jeep”.»
Por tanto, para que el vehículo tenga la consideración de
elemento patrimonial afecto será necesaria la afectación exclusiva a la
actividad, y sólo desde esta perspectiva podrían considerarse deducibles los
costes y gastos ocasionados por su adquisición y utilización (reparaciones,
carburante, etc.). No operando la deducibilidad en el IRPF si no existe esa
afectación exclusiva, dado que el elemento patrimonial en cuestión y las
actividades desarrolladas no se contemplan en las excepciones previstas en el
transcrito apartado 4 del artículo 22 del Reglamento.
Manifestada la necesidad de la afectación exclusiva del
vehículo de turismo a la actividad, para precisar la deducibilidad de las
cuotas derivadas de la operación de renting o de arrendamiento
financiero (en concepto de alquiler o amortización) se hace preciso acudir al
artículo 30 de la Ley del Impuesto, que dispone que el rendimiento neto de las
actividades económicas se determinará «según las normas del Impuesto sobre Sociedades,
sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el
artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta
Ley para la estimación objetiva».
Hay que partir de la consideración de que desde el punto de
vista jurídico tanto en las operaciones de arrendamiento financiero o leasing
como en los contratos de renting la propiedad del bien, vehículo en
nuestro caso, no se adquiere hasta que no ejerce la opción de compra. Por otra
parte, los contratos de renting deben contabilizarse del mismo modo que
los contratos de arrendamiento financiero, según señala el Plan General de
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre -en
adelante PGC-, en su norma de valoración 8.1 salvo en aquellos supuestos en los
que el contrato de renting se configure como un arrendamiento operativo,
en cuyo caso, se contabilizará con arreglo a la norma de valoración 8.2 del
citado PGC.
En atención a las normas del Impuesto sobre Sociedades,
cuando el contrato de arrendamiento financiero responda a los regulados en el
apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, le será de
aplicación el régimen fiscal establecido en el artículo 115 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo) siempre que, además,
cumpla con los requisitos regulados en dicho artículo.
En concreto, el apartado 1 de la citada disposición
adicional séptima dispone:
«1. Tendrán la consideración de operaciones de
arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la
cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad
según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación
consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 2 de
esta disposición. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el
usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales,
comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de
arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su
término, en favor del usuario.
Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir
el bien objeto del contrato, el arrendador podrá cederlo a un nuevo usuario,
sin que el principio establecido en el párrafo anterior se considere vulnerado
por la circunstancia de no haber sido adquirido el bien de acuerdo con las
especificaciones de dicho nuevo usuario.»
Por su parte, el artículo 115 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, se expresa en los siguientes términos:
«1. Lo previsto en este artículo se aplicará a los
contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado 1 de la
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
2. Los contratos a que se refiere el apartado anterior
tendrán una duración mínima de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles
y de 10 años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o establecimientos
industriales.
No obstante, reglamentariamente, para evitar prácticas
abusivas, se podrá establecer otros plazos mínimos de duración de los mismos en
función de las características de los distintos bienes que puedan constituir su
objeto.
3. Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer
expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda
a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el
valor de la opción de compra y la carga financiera exigida por la misma, todo
ello sin perjuicio de la aplicación del gravamen indirecto que corresponda.
4. El importe anual de la parte de las cuotas de
arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien
deberá permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del período
contractual.
5. Tendrá, en todo caso, la consideración de gasto fiscalmente
deducible la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora.
6. La misma consideración tendrá la parte de las cuotas de
arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del
coste del bien, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto terrenos,
solares y otros activos no amortizables. En el caso de que tal condición
concurra sólo en una parte del bien objeto de la operación, podrá deducirse
únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles de amortización,
que deberá ser expresada diferenciadamente en el respectivo contrato.
El importe de la cantidad deducible de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo anterior no podrá ser superior al resultado de aplicar
al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas
de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. El
exceso será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual
límite. Para el cálculo del citado límite se tendrá en cuenta el momento de la
puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Tratándose de los sujetos pasivos a los que se refiere el
Capítulo XII del Título VII (empresas de reducida dimensión), se tomará el
duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización
oficialmente aprobadas multiplicado por 1,5.
7. La deducción de las cantidades a que se refiere el
apartado anterior no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta
de Pérdidas y Ganancias.
8. Las entidades arrendadoras deberán amortizar el coste de
todos y cada uno de los bienes adquiridos para su arrendamiento financiero,
deducido el valor consignado en cada contrato para el ejercicio de la opción de
compra, en el plazo de vigencia estipulado para el respectivo contrato.
9. Lo previsto en el artículo 11.3 de esta Ley no será de
aplicación a los contratos de arrendamiento financiero regulados en el presente
artículo.
10. Los elementos del inmovilizado material nuevos que sean
objeto de un contrato de arrendamiento financiero podrán disfrutar del
incentivo fiscal previsto en el apartado 2 de la disposición final novena, en
los términos que se prevean en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
11. El Ministerio de Hacienda podrá determinar, según el
procedimiento que reglamentariamente se establezca, el momento temporal a que
se refiere el apartado 6, atendiendo a las peculiaridades del período de
contratación o de construcción del bien, así como a las singularidades de su
explotación económica, siempre que dicha determinación no afecte al cálculo de
la base imponible derivada de la explotación efectiva del bien, ni a las rentas
derivadas de su transmisión que deban determinarse según las reglas del régimen
general del impuesto o del régimen especial previsto en el capítulo VIII del
Título VII de esta Ley.»
Por tanto, si el contrato de leasing responde a las
condiciones señaladas anteriormente, conforme los puntos 5 y 6 del artículo
115, tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible la carga financiera
satisfecha a la entidad arrendadora y la parte de las cuotas de arrendamiento
financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien,
esta última con el límite del importe que resulte de aplicar a dicho coste el
duplo (el triple, si tiene la consideración de empresa de reducida dimensión)
del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización
oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. El exceso será deducible
en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite.
Caso de que el contrato no responda a las indicadas
condiciones su régimen fiscal se regulará por lo dispuesto en el artículo 11.3
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando por las condiciones económicas
de la operación no existan dudas razonables de que se ejercitará la opción de
compra o renovación, teniendo la consideración de gasto fiscalmente deducible
la carga financiera satisfecha así como un importe equivalente a las cuotas de
amortización que, de acuerdo con los sistemas de amortización establecidos en
el apartado 1 del citado.
El tratamiento expuesto se corresponde con el régimen de
estimación directa modalidad normal. Si el consultante determinase su
rendimiento neto de actividades económicas con arreglo a la modalidad simplificada
las amortizaciones se practicarían de forma lineal conforme a la tabla
simplificada referida en el artículo 30.1.ª del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobada por Orden de 27 de marzo de 1998.
En ambos casos, la compra del vehículo objeto de consulta
siempre que no existan dudas razonadas de que se ejercitará la opción de compra
o renovación, se encuadre o no dentro de lo prescrito en el artículo 115 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, constituye una
inversión.
Por último, señalar que si de las condiciones del contrato
se desprende que no tiene la consideración de arrendamiento financiero por no
darse la condición establecida en el artículo 11.3 del TRLIS, además de no
constituir un elemento patrimonial afecto, la deducibilidad como alquiler en el
régimen de estimación directa deberá observar lo establecido en el artículo 10
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en cuanto a la
determinación de la base imponible, y, en particular, su artículo 14.1.e) que
señala que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:
«e) Los donativos y liberalidades.
No se entenderán comprendidos en esta letra los gastos por
relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglo a los
usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los
relacionados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y
prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.»
Llevados los preceptos mencionados a la cuestión planteada,
las cantidades correspondientes al arrendamiento del vehículo tendrán el
carácter de deducibles cuando las mismas tengan una correlación con la obtención
de los ingresos de la actividad profesional desarrollada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.1.e), segundo párrafo, del citado texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, correlación que en este caso sólo
puede existir si el vehículo se destina exclusivamente a las actividades
desarrollada por el contribuyente.
Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los
medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los servicios
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la valoración de las
pruebas aportadas. En caso de no existir o ésta no fuese suficientemente
probada, las citadas cantidades no podrán considerarse gastos fiscalmente
deducibles de la actividad económica.
Segundo. En relación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
El derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido
está regulado en el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992.
En relación con la cuestión expresamente planteada en el
escrito de consulta hay que señalar que el artículo 95 de la Ley 37/1992,
establece lo siguiente:
«Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las
cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes
o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad
empresarial o profesional.
Dos. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la
actividad empresarial o profesional, entre otros:
1.º Los bienes que se destinen habitualmente a dicha
actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de
tiempo alternativos.
2.º Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente
para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
3.º Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad
o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto
pasivo.
4.º Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo
que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
5.º Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción
de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de
sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los
destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa
del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los
servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la
actividad.
Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión
de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en
parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán
deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los
comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a
utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo
de la actividad empresarial o profesional.
2.ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y
sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al
desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50
por ciento.
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo,
remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el Anexo del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho Anexo y,
en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo "jeep".
No obstante lo dispuesto en esta regla 2.ª, los vehículos
que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la
actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por cien:
a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de
mercancías.
b) Los utilizados en la prestación de servicios de
transporte de viajeros mediante contraprestación.
c) Los utilizados en la prestación de servicios de
enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de
pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de
los representantes o agentes comerciales.
f) Los utilizados en servicios de vigilancia.
3.ª Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores
deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización
de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es
diferente del que se haya aplicado inicialmente.
La mencionada regularización se ajustará al procedimiento
establecido en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y
regularización de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de
inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la
deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de
utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
4.ª El grado de utilización en el desarrollo de la
actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por
cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente
la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la
contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los
registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.
5.ª A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se
entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o
profesional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los
números 3.º y 4.º del apartado dos de este artículo.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior será también
de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o
importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con
los bienes a que se refiere dicho apartado:
1.º Accesorios y piezas de recambio para los mencionados
bienes.
2.º Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos
energéticos necesarios para su funcionamiento.
3.º Servicios de aparcamiento y utilización de vías de
peaje.
4.º Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.»
El artículo 95 establece una presunción legal de afectación
de los vehículos automóviles de turismo a la actividad desarrolla por el sujeto
pasivo del 50 por ciento, salvo para los vehículos destinados a las finalidades
previstas en el párrafo tercero de la regla 2.ª del apartado tres del artículo
95, que será del 100 por cien.
No obstante, cuando se acredite un grado efectivo de
utilización de dichos vehículos en el desarrollo de la actividad empresarial o
profesional diferente del que se haya aplicado inicialmente se deberán
regularizar las deducciones practicadas. En todo caso, será necesario que
dichos vehículos estén integrados en el patrimonio empresarial o profesional
del sujeto pasivo así como debidamente contabilizados e incluidos en los
registros oficiales de la actividad desarrollada.
El mismo criterio de proporción de afectación a la
actividad aplicable para la deducción de las cuotas soportadas en la
adquisición de vehículos automóviles, se aplica para las cuotas soportadas por
la adquisición del combustible y carburante del vehículo.
En consecuencia, las cuotas soportadas del Impuesto sobre
el Valor Añadido tanto por la compra del vehículo, como por la adquisición
mediante leasing o renting del mismo por el consultante, cuando
lo afecte a sus actividades económicas, podrán ser objeto de deducción en un 50
por ciento para el conjunto de dichas actividades, conforme a lo previsto en el
artículo 95, apartado tres, regla 2.ª de la Ley 37/92.
No obstante, cuando se acredite un grado efectivo de
utilización de dicho vehículo en el desarrollo de la actividad empresarial o
profesional diferente del que se haya aplicado inicialmente la deducción
practicada deberá regularizarse conforme a lo previsto en el citado artículo 95
de la Ley del Impuesto.
Finalmente, para el ejercicio del derecho a la deducción de
las cuotas soportadas por la adquisición del vehículo objeto de consulta es
preciso tener en cuenta el resto de los requisitos legales recogidos en el
Capitulo I del Título VIII de la Ley del Impuesto.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Cortesía: Juan Gómez
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