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lunes, 15 de abril de 2013

Encanalla la abogacía de Madrid; COLEGIO PROFESIONAL


En menos de tres meses, la abogacía madrileña vuelve a estar abierta en canal. La salida precipitada de importantes pesos pesados de la junta de gobierno presidida por la decana Sonia Gumpert a finales de marzo fue sólo el preámbulo de lo que estaba por llegar. Hace tan sólo diez días, la cúpula del Colegio de ilustres Abogados de Madrid (ICAM) fue imputada por un presunto fraude electoral cometido en la controvertida votación que dio la victoria al actual equipo. Esta situación de tensión y conflicto está sirviendo ya como caldo de cultivo para que se contemple la posibilidad de una moción de censura para antes incluso del verano.
La noche electoral de marras, en vísperas navideñas, Juan José Sanchez Puig vivió de manera muy acalorada el desenlace del recuento. El más joven de los integrantes del equipo encabezado por Gumpert había sido el muñidor de una candidatura parida en el seno del ISDE, la escuela jurídica de postgrado de la que el joven abogado madrileño es director ejecutivo y donde la entonces candidata era profesora del demandado curso de secretariado jurídico. Todo estaba medido para que ese proyecto de laboratorio triunfara, apoyado con la potencia de recursos de Cima, la agencia de comunicación y marketing jurídico que tiene la institución académica.
Al poco de arrancar la nueva junta de gobierno, Sánchez Puig tuvo que asumir de urgencia la secretaria general del ICAM en el mes de enero para suceder al dimitido Francisco de Asís Esteban Gómez, el primero en causar baja voluntaria por discrepancias. Sólo dos meses después de ocupar ese puesto clave, la persona clave del ISDE en el equipo de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, cuyo posible interés económico fue criticado durante la campaña electoral, presentó también su dimisión durante la celebración de la primera junta general después de informar de que la tesorera, Elena Ruiz de Angulo, había hecho lo mismo.
Lejos de ofrecer una versión detallada sobre estas bajas, Gumpert ha pasado por encima sin valorar el asunto a fondo. La decana ha roto todo tipo de relación con los que fueran sus mentores y ha pivotado su mandato sobre el apoyo del diputado Javier Iscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje. Precisamente, una gran parte de las críticas recibidas por su gestión al frente del ICAM durante estos tres meses tiene que ver con el posible conflicto de interés o uso inapropiado de los recursos colegiales, como ha ocurrido con una serie de viajes a (Brasil, Argentina, Italia, Barcelona…), para beneficio personal.
Los reproches al equipo de gobierno han traspasado las paredes del ICAM. Las redes sociales han recogido ya parte de la corriente de opinión crítica generada contra la decana Gumpert y su escudero Iscar, llegando incluso a destruirse apoyos y relaciones profesionales anteriores a causa de las críticas por la gestión al frente de los abogados de Madrid, como ha ocurrido con el episodio protagonizado por el abogado Miguel Roca, que ha renunciado al cargo que desempeñaba en la Asociación Europea de Arbitraje tras reprobar de manera pública los sospechosos viajes llevados a cabo por los dos dirigentes del colegio profesional.
Pierde el apoyo del ISDE
En este sentido, Gumpert está comprobando cómo el marcaje más severo viene de la trinchera de sus antiguos mentores. A través de la web Informativo Jurídico, controlada por Difusión Jurídica (división editorial del ISDE), se conocen detalles polémicos sobre la decana, que ha aparcado algunas de sus principales promesas electorales (seguro médico, política de gastos y contratación, sistema de voto…). El cambio de sentido en las relaciones es tal que todo el aparataje anterior empleado para llegar al ICAM se ha reciclado ahora como punta de lanza de la oposición desde la Plataforma para la Defensa de la Abogacía Madrileña.
Con todo este picado mar de fondo desde hace semanas, la reciente imputación de toda la junta de gobierno ha servido como colofón para cuestionar la legitimidad de Gumpert al frente del ICAM. La presión existente para que algunos de los diputados con más peso profesional abandonen, como ocurre con el exfiscal Ignacio Gordillo o el abogado Alejandro Alonso, puede precipitar la ruptura definitiva. Mientras tanto, en paralelo, empieza a fraguarse una posible moción de censura, que podrá presentarse transcurridos los primeros seis meses de gobierno si cuenta con un apoyo del 10% de los abogados. ¿Redentora o impostora?
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