En menos de tres meses, la abogacía madrileña vuelve a estar abierta en
canal. La salida
precipitada de importantes pesos pesados de la junta de gobierno presidida
por la decana Sonia Gumpert a finales de marzo fue sólo el preámbulo de
lo que estaba por llegar. Hace tan sólo diez días, la cúpula del Colegio de
ilustres Abogados de Madrid (ICAM) fue imputada
por un presunto fraude electoral cometido en la controvertida votación que
dio la victoria al actual equipo. Esta situación de tensión y conflicto está
sirviendo ya como caldo de cultivo para que se contemple la posibilidad de
una moción de censura para antes incluso del verano.
La noche electoral de marras, en vísperas navideñas, Juan José Sanchez
Puig vivió de manera muy acalorada el
desenlace del recuento. El más joven de los integrantes del equipo
encabezado por Gumpert había sido el muñidor de una candidatura parida en el
seno del ISDE, la escuela
jurídica de postgrado de la que
el joven abogado madrileño es director ejecutivo y donde la entonces
candidata era profesora del demandado curso de secretariado jurídico. Todo
estaba medido para que ese proyecto de laboratorio triunfara, apoyado con la
potencia de recursos de Cima, la agencia de comunicación y
marketing jurídico que tiene la institución académica.
Al poco de arrancar la nueva junta de gobierno, Sánchez Puig tuvo que asumir
de urgencia la secretaria general del ICAM en el mes de enero para suceder al
dimitido Francisco de Asís Esteban Gómez, el primero en causar baja
voluntaria por discrepancias. Sólo dos meses después de ocupar ese puesto clave,
la persona clave del ISDE en el equipo de gobierno del Colegio de Abogados de
Madrid, cuyo
posible interés económico fue criticado durante la campaña electoral,
presentó también su dimisión durante la celebración de la primera junta
general después de informar de que la tesorera, Elena Ruiz de Angulo,
había hecho lo mismo.
Lejos de ofrecer una versión detallada sobre estas bajas, Gumpert ha pasado
por encima sin valorar el asunto a fondo. La decana ha roto todo tipo de
relación con los que fueran sus mentores y ha pivotado su mandato sobre el
apoyo del diputado Javier Iscar, secretario general de la Asociación
Europea de Arbitraje. Precisamente, una gran parte de las críticas recibidas por
su gestión al frente del ICAM durante estos tres meses tiene que ver con el posible
conflicto de interés o uso inapropiado de los recursos colegiales, como ha
ocurrido con una serie de viajes a (Brasil, Argentina, Italia, Barcelona…),
para beneficio personal.
Los reproches al equipo de gobierno han traspasado las paredes del ICAM.
Las redes sociales han recogido ya parte de la corriente de opinión crítica
generada contra la decana Gumpert y su escudero Iscar, llegando
incluso a destruirse apoyos y relaciones profesionales anteriores a causa de las
críticas por la gestión al frente de los abogados de Madrid, como ha ocurrido
con el episodio protagonizado por el abogado Miguel Roca, que
ha renunciado al cargo que desempeñaba en la Asociación Europea de Arbitraje
tras reprobar de manera pública los sospechosos viajes llevados a cabo por los
dos dirigentes del colegio profesional.
Pierde el apoyo del ISDE
En este sentido, Gumpert está comprobando cómo el marcaje más severo viene
de la trinchera de sus antiguos mentores. A
través de la web Informativo Jurídico, controlada por Difusión
Jurídica (división editorial del ISDE), se conocen detalles
polémicos sobre la decana, que ha aparcado algunas de sus principales
promesas electorales (seguro médico, política de gastos y contratación, sistema
de voto…). El cambio de sentido en las relaciones es tal que todo el
aparataje anterior empleado para llegar al ICAM se ha reciclado ahora
como punta de lanza de la oposición desde la Plataforma para la Defensa de la
Abogacía Madrileña.
Con todo este picado mar de fondo desde hace semanas, la reciente imputación
de toda la junta de gobierno ha servido como colofón para cuestionar la
legitimidad de Gumpert al frente del ICAM. La presión existente para que
algunos de los diputados con más peso profesional abandonen, como ocurre con el
exfiscal Ignacio Gordillo o el abogado Alejandro Alonso, puede
precipitar la ruptura definitiva. Mientras tanto, en paralelo, empieza a
fraguarse una posible moción de censura, que podrá presentarse
transcurridos los primeros seis meses de gobierno si cuenta con un apoyo del 10%
de los abogados. ¿Redentora
o impostora?
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