«Es irónico -subraya el propio Mariano Barbacid- que sean las propias normas de la Administración las que impidan poner en marcha un proyecto tan innovador como este, incluso sin que le cueste un euro al Estado». «Luego -añade- nos quejamos de que no hay participación privada en proyectos de I+D+i. Esto no tiene sentido, algo habrá que cambiar».
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XXXXINVESTIGACIÓN
Barbacid denuncia que el Gobierno le impide crear un anticancerígeno.
Logró inversión privada para ello con una fórmula que el Estado ve ilegal.
Del éxito a la frustración. Este es el camino que ha seguido Mariano Barbacid y su equipo de oncología experimental en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El grupo ha abierto una prometedora vía para el tratamiento del cáncer de pulmón en una de sus variedades más extendidas, la que afecta a los fumadores, en una investigación que ha sido recogida en la publicación científica Cancer cell, e incluso había alcanzado un acuerdo para la constitución de una Agrupación de Interés Económico por la que recibiría una financiación privada de diez millones de euros para desarrollar el fármaco anticáncer. Con esta fórmula, el CNIO podría mantener la propiedad de su hallazgo y beneficiarse, al mismo tiempo, de los royalties que generase su venta a las farmacéuticas.
Este ha sido su éxito, pero enseguida se topó con el fracaso: ha tenido que renunciar a la investigación y al desarrollo del anticancerígeno porque ya no recibe fondos públicos para financiar la investigación y, sobre todo, porque el Ministerio de Ciencia impide la inversión privada en el proyecto -la Agrupación de Interés Estratégico- basándose en un informe jurídico de la Abogacía del Estado que asegura que la fórmula elegida es incompatible con la actual ley de fundaciones. Y el CNIO es una fundación pública.
Según el centro oncológico, el informe jurídico interpreta que «una fundación pública no puede establecer acuerdos que impliquen su participación en una sociedad de tipo mercantil».
«Es irónico -subraya el propio Mariano Barbacid- que sean las propias normas de la Administración las que impidan poner en marcha un proyecto tan innovador como este, incluso sin que le cueste un euro al Estado». «Luego -añade- nos quejamos de que no hay participación privada en proyectos de I+D+i. Esto no tiene sentido, algo habrá que cambiar».
El grupo de Barbacid, uno de los grandes referentes internacionales de España en la lucha contra el cáncer y director del CNIO hasta hace un año, había demostrado en modelos con ratones que la inhibición de una quinasa (proteínas que modifican a otras) conocida como C-RAF impide la aparición y el desarrollo del cáncer de pulmón inducido por los oncogenes K-RAS, que son los responsables de un 25% de los tumores de pulmón, especialmente en los fumadores. A la vista de estos esperanzadores resultados, el programa de terapias experimentales del CNIO tenía previsto iniciar la síntesis de estos inhibidores, pero tuvo que renunciar al proyecto por no disponer, «en estos momentos, de la financiación necesaria».
Fuentes del Ministerio de Ciencia rechazan, sin embargo, esta argumentación y aseguran que la propuesta de Barbacid es ilegal.
«Es irónico que sean las normas de la Administración las que impidan poner en marcha el proyecto, incluso sin que le cueste un euro al Estado»
Mariano Barbacid
Logró inversión privada para ello con una fórmula que el Estado ve ilegal.
Del éxito a la frustración. Este es el camino que ha seguido Mariano Barbacid y su equipo de oncología experimental en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El grupo ha abierto una prometedora vía para el tratamiento del cáncer de pulmón en una de sus variedades más extendidas, la que afecta a los fumadores, en una investigación que ha sido recogida en la publicación científica Cancer cell, e incluso había alcanzado un acuerdo para la constitución de una Agrupación de Interés Económico por la que recibiría una financiación privada de diez millones de euros para desarrollar el fármaco anticáncer. Con esta fórmula, el CNIO podría mantener la propiedad de su hallazgo y beneficiarse, al mismo tiempo, de los royalties que generase su venta a las farmacéuticas.
Este ha sido su éxito, pero enseguida se topó con el fracaso: ha tenido que renunciar a la investigación y al desarrollo del anticancerígeno porque ya no recibe fondos públicos para financiar la investigación y, sobre todo, porque el Ministerio de Ciencia impide la inversión privada en el proyecto -la Agrupación de Interés Estratégico- basándose en un informe jurídico de la Abogacía del Estado que asegura que la fórmula elegida es incompatible con la actual ley de fundaciones. Y el CNIO es una fundación pública.
Según el centro oncológico, el informe jurídico interpreta que «una fundación pública no puede establecer acuerdos que impliquen su participación en una sociedad de tipo mercantil».
«Es irónico -subraya el propio Mariano Barbacid- que sean las propias normas de la Administración las que impidan poner en marcha un proyecto tan innovador como este, incluso sin que le cueste un euro al Estado». «Luego -añade- nos quejamos de que no hay participación privada en proyectos de I+D+i. Esto no tiene sentido, algo habrá que cambiar».
El grupo de Barbacid, uno de los grandes referentes internacionales de España en la lucha contra el cáncer y director del CNIO hasta hace un año, había demostrado en modelos con ratones que la inhibición de una quinasa (proteínas que modifican a otras) conocida como C-RAF impide la aparición y el desarrollo del cáncer de pulmón inducido por los oncogenes K-RAS, que son los responsables de un 25% de los tumores de pulmón, especialmente en los fumadores. A la vista de estos esperanzadores resultados, el programa de terapias experimentales del CNIO tenía previsto iniciar la síntesis de estos inhibidores, pero tuvo que renunciar al proyecto por no disponer, «en estos momentos, de la financiación necesaria».
Fuentes del Ministerio de Ciencia rechazan, sin embargo, esta argumentación y aseguran que la propuesta de Barbacid es ilegal.
«Es irónico que sean las normas de la Administración las que impidan poner en marcha el proyecto, incluso sin que le cueste un euro al Estado»
Mariano Barbacid
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