The Question Is: ¿Cómo convivir con la injusticia y no morir en el intento? Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un medio que preserve a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes.
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes.
Wikipedia. El llamado caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura.Fue realizada por Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del “caso Filesa” dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el Caso Ave.Comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis Oliveró Capellades, Alberto Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martí, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional.
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Wikipedia. El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, e iniciada en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular de España.La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán («gürtel» se traduce como "cinturón", vocablo semejante a «gurt», que significa "correa") da nombre al caso.El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa".José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market eran propiedad de Francisco Correa.La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejaron de contar con él en 2004.El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez. Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película" (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino).[6] Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica. Tras el levantamiento del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen indicios de posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL fueron agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo terrorista ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González.[1] Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.Aunque decían combatir a ETA también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico nacionalista vasco Deia de la mano de los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar. Ese mismo año, y ya en Diario 16, fue el propio Arques quien continuó la investigación junto con otros periodistas como Melchor Miralles o Pepe Rei. En 1989, a raíz del despido de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones sobre el caso continuarion en dicho periódico El Mundo, dirigido y creado por Pedro J. Ramírez. Estas investigaciones pretendieron exponer a la opinión pública la organización, fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL.
Guerra Irak y Afganistán
POR LA QUERELLA DEL ALCALDE DE LA ISLA
La Fiscalía no ve delito contra el honor en la denuncia de Villa PSOE
El juicio por la querella del alcalde socialista de la Isla de Arosa contra los denunciantes de Villa PSOE, José Carlos y Raimundo Piñeiro, llegó este viernes a su fase de conclusiones. La Fiscalía ha dado la razón a los denunciantes y no ve delito contra el honor alguno.
2009-05-29
(Libertad Digital) En un comunicado, José Carlos Piñeiro y Raimundo Piñeiro –miembros del SUGC que destaparon el escándalo de Villa PSOE, el complejo de viviendas de lujo a pie de playa en el que José Blanco tiene un ático y otros dirigentes del PSOE gallego ha comprado apartamentos– explican que el fiscal les ha dado la razón en el juicio por la querella que presentó el Alcalde de la Isla de Arosa, José Vázquez y otras personas vinculadas con dicha corporación del PSOE, por un supuesto delito contra el honor.
El Abogado del PSOE llegó al extremo de acusar a los denunciantes de Villa PSOE de ser culpables de que dicho partido perdiera las elecciones autonómicas Gallegas. Cuando, recuerdan en el comunicado, estos denunciantes "llevaron a cabo un acto de servicio público, en defensa de la justicia, al denunciar que se estaba levantado al borde de la arena de la playa un bunker de pisos con servicios de lujo, lo que supuso destruir un monte que se utilizaba por los vecinos y visitantes de la Isla de Arosa como uso público para descanso y como acampada".
Los denunciantes recuerdan asimismo que Villa PSOE "es para beneficio vacacional de una parte de la casta política, judicial etc; al mismo tiempo que se estaba procediendo al derribo de casas de ciudadanos (Tenerife, Marín, Pontedeume, Moaña, Cantabria, Etc), que llevaban construidas más de cincuenta años; y al mismo tiempo, el mismo PSOE, en el Gobierno bipartito de la Xunta de PSOE y BNG de Touriño y Quintana, había prohibido edificar en una línea de 500 metros a contar del borde de la costa". Por si fuera poco, añaden que "está previsto derrumbar (viviendas) en toda la costa gallega por aplicación de la legalidad vigente en materia del litoral".
En este sentido, explican los denunciantes que "en ningún caso la acción judicial contra los denunciantes de Villa PSOE ha significado y nunca ha tenido la atención de atentar contra el derecho al honor y la reputación de nadie; al contrario dicha denuncia significa un apoyo a la mejora del urbanismo gallego, frente al feísmo que ha arrasado buena parte de la costa y del citado paisaje. Además es absolutamente impresentable que esta destrucción del paisaje gallego, de la costa gallega se lleve a cabo por autoridades políticas y judiciales cuando lo que deberían es dar ejemplo".
Para finalizar, en el comunicado, recuerdan un grafitti del mayo francés que el abogado defensor de los denunciantes alegó en el procedimiento dando la vuelta a su significado primitivo: "Debajo de los adoquines sí estaba la playa.... y en este caso Villa PSOE".
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