La crisis, necesidad de eficiencia en la función pública y la igualdad de trato entre trabajadores

CRISIS DE DEUDA El FMI reclama a España que suba impuestos y recorte más el gasto.

Advierte de que la masa salarial de los funcionarios aún es muy elevada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el recorte de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la subida de la edad de jubilación, el abaratamiento del despido y las fusiones forzadas de bancos y cajas, no son suficientes para garantizar que la economía española vuelva a la senda del crecimiento, la estabilidad y el empleo. Por eso, reclama reformas «más audaces» que las ejecutadas en los últimos catorce meses por el Gobierno, al que reclama que vigile más de cerca el agujero fiscal de las comunidades autónomas, y que haga previsiones económicas menos optimistas y más ajustadas a la realidad.

En su informe anual sobre la economía española, publicado ayer, el FMI advierte de que esta enfrenta todavía «importantes riesgos de deterioro», vinculados sobre todo a la crisis de deuda de la eurozona, y que la recuperación será todavía «modesta», lo que pone en peligro los objetivos de reducción del déficit público, de creación de empleo y de crecimiento económico (el FMI calcula que el PIB no aumentará este año más de un 0,8 %, frente al 1,3 % que prevé el Ejecutivo).

Función pública

Entre las reformas adicionales que España necesita, el Fondo cita una reducción más drástica del gasto público («la masa salarial de la función pública todavía está por encima de la media»); un mayor recorte de las inversiones estatales y un aumento de los tipos del IVA («todavía relativamente bajos») y de los impuestos especiales sobre los carburantes.

«El país ha acumulado desequilibrios durante muchos años, y llevará años corregirlos», aseguró ayer James Daniel, jefe de la misión del Fondo en España, quien alertó de que parte de los problemas se deben a que la mitad de los Gobiernos autonómicos no han cumplido «sus metas de déficit». «España ha delegado un alto grado de autoridad a los Gobiernos regionales, y muchas decisiones de gasto se toman a nivel local y regional, incluidas las relativas a la salud y la educación», que figuran entre las más onerosas.