CC.OO. denuncia que las medidas de agilización procesal limitan el acceso a la Justicia

Increíble, ver para creer. La justicia se encuentra mermada, encarecida y completamente al margen de las necesidades de la ciudadanía.

La justicia contempla como súbditos sin condición a los ciudadanos. Ésta señora llamada justicia, ciega y con su pecho fuera, observa atónita cómo en aras a una presunta defensa de calidad, presuponiendo que los justiciables no son personas racionales y con una cultura mínima para saber qué defensa quieren, son maltratados, despojados de su derecho a la tutela judicial efectiva y sometidos a unos abusos continuados que solo son consentidos en España, fijense en Portugal y su manera de tratar la figura del procurador, totalmente optativa.

Mientras en España, hasta para un divorcio de mutuo acuerdo, tienes que pagar procurador y abogado. Hasta por una sanción de pequeña cuantía que deseas recurrir en vía contenciosa te exigen abogado y ahora, el destino aún nos prepara cosas peores...

Mientras en muchos países se levantan contra regímenes que no reconocen derechos fundamentales y humanos, en otros insultan y profanan a los que han muerto por su reconocimiento.

Y que más vamos a opinar en un país en donde se cobra bien cara la fe pública y en la que si un político se queja es porque a algún ladrón o delincuente de su partido se le echa encima la justicia.

¿Cómo avanzará el derecho así?

Fin.

CC.OO. denuncia que las medidas de agilización procesal limitan el acceso a la Justicia.

CC.OO. ha denunciado que el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal pone límites a los ciudadanos para acceder a los diferentes servicios judiciales y puede entrar en contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva, según informa el sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) en un comunicado.

El sindicato entiende que las nuevas medidas no cumplen los objetivos del Gobierno de agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, y no se contribuye a modernizar la Administración de Justicia.

En concreto, CC.OO. critica la supresión, en el orden jurisdiccional civil, del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando esta sea menor de 6.000 euros.

Asimismo, cuestionan la "actualización" de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, que pasa de 150.000 a 800.000 euros, así como la elevación del límite cuantitativo para el recurso de apelación, cuyo mínimo pasa de 150.000 a 800.000 euros.

En opinión de CC.OO., el conjunto de medidas con las que el Ejecutivo pretende agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y tiempo, y racionalizar los recursos "no refuerza los derechos de los ciudadanos" para acceder a la Justicia.

En este sentido, el sindicato recuerda que ya con la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial de 2009, se introdujo la obligatoriedad de constituir un depósito para recurrir, incluso para los empleados públicos que, hasta ese momento, podían acogerse a la justicia gratuita para los recursos acerca de sus condiciones laborales.

Según CC.OO., el Ministerio de Justicia no conseguirá con estas medidas agilizar los tiempos de los procesos judiciales ni acabar con el retraso acumulado en los juzgados de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, ni tampoco con el atasco existente en el Tribunal Supremo.