Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Así, los profesionales pueden competir en el mercado. Sin embargo, el ordenamiento jurídico quiere que la lucha concurrencial no se realice de manera incorrecta sino que el ejercicio de la libertad de empresa sea correcto. Las conclusiones que se pueden extraer son que la manifestación de la libertad de empresa es la libertad concurrencial y sus límites vienen marcados por la lealtad. Para conseguir dicha corrección, el legislador español ha elaborado el Derecho de defensa de la competencia (o Derecho de la competencia) y el Derecho sobre la competencia desleal. Éste último se puede definir como el conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinación de los actos desleales y la represión de los mismos.
Por las funciones que desarrolla, el Derecho de la competencia desleal, pertenece, según los autores, a la llamada "Constitución económica", por esta expresión se alude a normas contenidas en leyes ordinarias que tienen función configuradora, y por lo tanto constitucional, de la economía de mercado.
En el ordenamiento español los actos tipificados se encuentran en la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal. El profesor Uría mantiene una clasificación de los actos atendiendo al interés jurídico protegido. Así, los engloba en tres grandes grupos:
Actos de deslealtad frente a los competidores.
Actos de deslealtad frente a los consumidores.
Actos de deslealtad frente al mercado
Características de la dictadura franquista
Las bases de la dictadura fueron entre otras el nacionalismo español, el catolicismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a un gobierno de dictadura militar autoritaria que se autoproclamó como "democracia orgánica" en oposición a la democracia parlamentaria.
A partir de las derrotas de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el general Franco promulgo el Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945) con ello, redujo la importancia de la Falange Tradicionalista y se concedió más importancia al componente católico.[6] A partir de entonces, la dictadura se va deshaciendo de su carácter pro-fascista, aunque sigue utilizando su simbología. La dictadura tuvo que buscar nuevas alianzas internacionales. En la década de los años 60 apareció una generación de políticos tecnócratas formados en el Opus Dei y se rompió el aislamiento internacional. La dictadura militar se caracterizó por:
Carencia de Constitución. Al rechazar el liberalismo se negó el sufragio universal. Los cargos políticos se ocupaban por designación, no por elección.
Inexistencia de partidos. Los partidos políticos estaban prohibidos al ser considerados estos por la dictadura como sembradores de divisiones.
Concentración del poder. Franco podía legislar por decreto. Hasta 1942 no existieron Cortes pero éstas aparecieron como un órgano que sólo se limitaba a respaldar las indicaciones del Jefe del Estado. Sin ninguna base democrática.[cita requerida]
Restricciones a las libertades de asociación y de reunión. Un grupo de más de 20 personas sólo podía reunirse si tenía un permiso del gobernador civil.
Absoluto control de la información. La prensa hubo de someterse a censura previa, hasta la ley de Prensa de 1966. Este control permitió una propaganda favorable a la dictadura.
Asignación del mantenimiento del orden a las fuerzas armadas, con lo que el ejército asumió las funciones de policía.
Sindicatos verticales. En teoría el régimen se nutría ideológicamente de la Falange, pero en la práctica lo que hizo fue adaptar el falangismo a sus propios intereses. La concepción falangista de unos sindicatos en los que estuvieran encuadrados patronos y obreros (eso significa verticales), para impedir la lucha de clases y resolver por arbitraje los conflictos sociales, se completó con la subordinación de los sindicatos al gobierno. El delegado nacional de sindicatos tuvo cargo de ministro. Las huelgas estaban prohibidas.
Cortes Españolas
Artículo principal: Ley Constitutiva de las Cortes
La Ley Constitutiva de las Cortes o simplemente Ley de Cortes de 17 de julio de 1942 fue promulgada durante la primera etapa del régimen franquista, a fin de dar una apariencia de parlamentarismo a la dictadura.
Establecía la formación de una asamblea unicameral de elección indirecta con teórica iniciativa legal, aunque ésta residía en la figura de Franco desde el momento de la promulgación de la Ley de agosto de 1939, que le atribuía la capacidad de dictar normas sin ningún tipo de condicionantes.
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