El Tribunal Supremo tumbó la pretensión del Colegio de Procuradores de Pontevedra de dejar a Vigo sin el juzgado de lo Mercantil número 3 de la provincia y que entró en funcionamiento el 30 de diciembre del 2009. El alto órgano rechazó el recurso de los procuradores porque considera que el informe que recomendó abrir una segunda sede en la provincia «se ajusta a derecho».Los procuradores impugnaron el 17 de noviembre del 2009 el acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que otorgó a Vigo el juzgado número 3 y pidieron la anulación del acuerdo y su restitución a Pontevedra, donde tenían su sede los otros dos. Argumentaron que el acuerdo no estaba justificado porque no existía ninguna norma, excepcionalidad o particularidad, que hiciese cambiar el criterio anterior que llevó a fijar la sede del número 2 en Pontevedra. Añaden que ambas ciudades son vecinas y bien comunicadas y que el reparto entre los tres juzgados sería así más equilibrado.
Pero la sentencia del Tribunal Supremo recalca que el Poder Judicial puede situar un juzgado en una población distinta de la sede territorial «si las circunstancias o el buen servicio de la Administración lo aconsejan». No ve necesario reformar la demarcación de planta y considera que la sede de Vigo está justificada porque tramita el 35% de la carga de trabajo de la provincia, por su interés social y por el aumento de casos por la crisis. Si la decisión del CGPJ se hubiese inclinado a favor de Pontevedra «hubiera sido igualmente ajustada a la ley».
Cinco años de controversia
La sentencia del Supremo cierra una batalla legal que empezó en el Consejo General del Poder Judicial hace un lustro. La ley de demarcación permitía crear juzgados de lo Mercantil en ciudades industriales que no fuesen capital de provincia. El primer tribunal de este tipo fue concedido a Pontevedra pero los juristas de Vigo propusieron que el segundo tuviese la sede en la ciudad. Contaban con el apoyo del ministro socialista pero la mayoría conservadora del Poder Judicial se opuso y el Mercantil número 2 acabó en la capital.
Con la renovación de los cargos del CGPJ, dominó el voto progresista, y un informe técnico favorable dio luz verde para que el pleno del CGPJ aprobase la creación del número 3 en Vigo. Los procuradores de Pontevedra lo impugnaron.
La sentencia del Supremo afirma que el acuerdo da numerosas razones para ubicar la sede en Vigo, entre ellas la que le lleva a separarse de la decisión previa que había elegido a la ciudad de Pontevedra como sede del número dos.
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