Apertura de expedientes gubernativos por expresiones utilizadas en recursos ante los tribunales de justicia, suelen ser utilizados, especialmente, cuando se trata de accionar contra personas vinculadas a grupos de presión (como por ejemplo el Opus Dei) o contra los presuntos abusos de poder, las prevaricaciones dolosas o culposas, los encubrimientos corporativos, las falsedades en proveidos, las dilaciones indebidas dolosas, las pérdidas de documentos, el tráfico corporativo de influencias, el tráfico de influencias de grupos de presión como el antes citado, las sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o, también a los abogados y procuradores para que no firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados, fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial.
Esto es gravísimo y crea una gran alarma social al que lo conoce (a pesar de que es un mundo corporativo muy cerrado y se trata de tapar casi todo), dado que, por falta de capacidad de postulación de los justiciables (a los que, pese al alto nivel cultural y universitario del pueblo español, se les trata como menores de edad o incapaces, negándoles la capacidad de postulación en juicio) y el miedo y corporativismo a que tienen sometidos a los mismos y a sus abogados y procuradores (que son los que tienen el injustificado monopolio de poder accionar en defensa del perjudicado).
Prácticamente no se pueden ejercitar los constitucionales derechos de acceso al proceso, a la acción y a la pretensión en juicio, ni recurrir, ni recusar, ni formular querella o demanda contra los presuntos delincuentes togados, etc., unido a que se juzgan ellos mismos (burlando el Tribunal del Jurado que es quien, en justicia, debía enjuiciarlos), puede decirse que han convertido la Administración de Justicia en algo así como su finca particular, mercantilizándola al máximo para enriquecerse con la necesidad de las víctimas y perjudicados, donde casi todo les está permitido, en clara burla de los derechos procesales y constitucionales de los justiciables.
Con esto no quiero decir que no existen profesionales honestos, pero el miedo tambien les presiona y, antes que jugarse su carrera o su profesión, optan por mirar para otro lado y no quiren ver nada de la triste realidad judicial española.
El Consejo General del Poder Judicial, que cuesta millones, casi siempre se sale por la tangente y no quiere ver casi nada, remitiendo a la vía jurisdiccional larga y costosa, que al final no sirve de nada porque se juzgan ellos mismos.
El Tribunal Constitucional, que tambien cuesta millones, aplicando excesivos formalismos, algo parecido y, si admite algo a trámite, te puedes morir antes de ver el resultado . El Ministerio de Justicia iden que iden, nos morimos antes de que se resuelva algo y, si resuelve y no te gusta, te remite a la vía judicial y allí para qué contar más.
El Defensor del Pueblo no tiene competencias para ello. Los Tribunales de Justicia competentes al caso, interpretando el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de forma extremadamente corporativa y encubridora, así como de forma contraria a los artículos 5, 6, 7 y 11 de la LOPJ y 24 de nuestra Constitución, no admiten denuncias contra jueces, magistrados y fiscales, remiten a que las firme un abogado y procurador y, éstos, por el miedo y corporativismo al que los tiene sometidos, no firman ninguno (se juegan su carrera y no ganar un pleito jamás si lo firman).
O sea que, por todo lo expuesto (que podemos probar abrumadoramente) sin duda alguna, el sistema judicial español constituye el mayor ataque a la democracia y al Estado social y democrático de Derecho, llevado a efecto por quienes tienen un solemne juramento prestado y debían dar ejemplo y no lo dan, máxime cuando, si intentamos publicar algo sobre este asunto, los medios de comunicación, por miedo o intereses de cualquier tipo, no quieren publicar nada al respecto.
Estamos indefensos ante una cuasi-mafia corportativa que, abusando de los cargos que ocupan, nos hurtan derechos, salud, tiempo y, en muchos casos, tambien bienes.
Ello produce algo así como terrorismo psicológico de Estado, dado que, sin necesidad de bombas ni tiros en la nuca, hace enfermar o morir de rabia, impotencia, indignación, humillación, ruina económica, etc. a los justiciables perjudicados por tales presuntos hechos procesales delictivos .
No hay comentarios:
Publicar un comentario