INTRODUCCIÓN DE LA AUTORA DEL BLOG:
Los corporativismos que hacen migas la democracia, ahora con la crisis piden liberalización.
Asistimos atónitos a incompatibilidades como la figura del procurador y abogado, mientras cualquier concejal de urbanismo tiene un despacho privado de abogacía u empresa de construcción.
El justiciable no se confía en la justicia gratuita, pero lo obligan a que lo representen en un procedimiento arcaico y gestionado geopolíticamente por una asociación profesional, llamada colegio.
Los justiciables quieren un cheque para poder ir al despacho profesional que deseen y quieren menos intervención de los poderes públicos y que la Ley de mediación se cumpla.
Aquí debajo noticia íntegra obtenida de expansion.com
La CNMC ha abierto dos expedientes que el Consejo General de la Abogacía peleará en los tribunales, esgrimiendo informes jurídicos a su favor, todo ello, mientras no se modifique la legislación vigente.
La Abogacía y el Ministerio de Economía llevarán a los tribunales la lucha que mantienen por la liberalización del turno de oficio, a la espera de que puedan producirse cambios normativos al respecto in extremis en esta legislatura o ya en la próxima. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo autónomo que depende de Economía, ha abierto dos expedientes a sendos colegios de abogados cuya responsabilidad última recae sobre el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
De fondo, la pugna por el modelo del turno de oficio. Economía considera que estos servicios deberían abrirse a la competencia y podrían ser prestados por abogados de distintos colegios, el argumento que esgrime la CNMC en sus expedientes. El CGAE, en cambio, defiende que se trata de un servicio público, por lo tanto, no abierto a la competencia ni a beneficio económico, que debe prestarse en el colegio que corresponde. Apoya su postura en una carta de Justicia que le avala y en tres informes jurídicos de tres despachos independientes, DelaCalle Abogados, Roca Junyent y Pedro Callol (ver información adjunta).
La CNMC argumenta que el control de entrada en este mercado por parte de la Abogacía infringe la Ley de Defensa de la Competencia, a pesar de lo que dictan, en sentido contrario, la Ley de Justicia Gratuita y sus desarrollos reglamentarios y una Orden de Justicia de 1997. La citada ley y sus reglamentos avalan unos «requisitos generales mínimos exigibles a los abogados que presten el servicio: tener residencia habitual y despacho abierto en el ámbito del colegio respectivo».
En febrero de 2014, la CNMC abrió de un expediente sancionador contra el Colegio de Abogados de Guadalajara –ampliada al CGAE–, e impuso el pasado septiembre sanción al Colegio de Abogados de Málaga.
Desde el CGAE trasladan que recurrirán a los tribunales las sanciones que mantenga la CNMC y recuerdan que además de las leyes que a su juicio les amparan, lo hace la jurisprudencia del Tribunal de la UE. A la espera de que se pronuncien los jueces, la futura reforma de la Ley de Justicia Gratuita ampararía su tesis, así como la futura renovación del Estatuto de la Abogacía, pendiente desde 2007.
Sin embargo, el ala económica del Gobierno no oculta su intención liberalizadora, y a falta de que se reformen los servicios profesionales, tratará de abrir el mercado. El debate de la privatización del turno de oficio ya se abrió en 2009 con el inicio de la crisis en comunidades con la Justicia transferida como Madrid. De momento, Justicia propone convenios a las regiones afectadas para sufragar el coste.
Fuente: Expansión.com
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