La mansión de Felipe González en Tánger
En las cosas grandes los hombres se muestran como les conviene;
en las pequeñas se muestras tal como son.
Chamfort.
“Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”, espetó Felipe González a Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, cuando en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a Colombia al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela.
González expone este caso como ejemplo del “ejercicio de respeto al poder judicial” y asegura que no llamó a su amigo Hernández Gil hasta que el Supremo tomó su decisión.
En el juego sucio del que habla el expresidente, se movió mucho dinero.
Ahora, 26 años después, uno de los letrados del equipo que defendió a los narcotraficantes confiesa: “Al final del proceso, alguien me dijo algo sobre pagos a un juez. Fue tomando un café con uno de los abogados. Comentó que los colombianos habían comprado a un juez. Yo no me lo creí entonces ni ahora”. Aquel equipo de letrados lo integraban Joaquín Ruiz Giménez Aguilar, Enrique Gimbernat, Miguel Bajo, Juan Garcés y Carlos Cuenca, entre otros.
Escándalo de los GAL
En julio de 1998 fue condenado por la Sala Segunda del Tribuna Supremo a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro en la persona de ciudadano hispano-francés Segundo Marey, realizado por los GAL, y malversación de caudales públicos. Delitos de los cuales el Jefe de Estado de aquel entonces se enteró por televisión. Dicha sentencia fue ratificada en 2001 por el Tribunal Constitucional. Recibió un indulto parcial (reducción de un tercio de la pena) y una modalidad especial de tercer grado penitenciario (que le eximía de pernoctar en prisión). Fue despedido con muestras de amor por el Jefe de Estado a la entrada de la carcél.
En libertad desde diciembre de 1998, tras la suspensión provisional de la condena, pasó sólo tres meses en prisión. Desde 2004 está en libertad definitiva. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por posible «infracción del derecho de presunción de inocencia» y «falta de imparcialidad del juez instructor» en este proceso, si bien la imparcialidad del juez instructor (Baltasar Garzón) «podría estar en entredicho».
Posteriormente trabajó como inspector del Ministerio de Trabajo hasta su jubilación.
En julio de 1998 fue condenado por la Sala Segunda del Tribuna Supremo a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro en la persona de ciudadano hispano-francés Segundo Marey, realizado por los GAL, y malversación de caudales públicos. Delitos de los cuales el Jefe de Estado de aquel entonces se enteró por televisión. Dicha sentencia fue ratificada en 2001 por el Tribunal Constitucional. Recibió un indulto parcial (reducción de un tercio de la pena) y una modalidad especial de tercer grado penitenciario (que le eximía de pernoctar en prisión). Fue despedido con muestras de amor por el Jefe de Estado a la entrada de la carcél.
En libertad desde diciembre de 1998, tras la suspensión provisional de la condena, pasó sólo tres meses en prisión. Desde 2004 está en libertad definitiva. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por posible «infracción del derecho de presunción de inocencia» y «falta de imparcialidad del juez instructor» en este proceso, si bien la imparcialidad del juez instructor (Baltasar Garzón) «podría estar en entredicho».
Posteriormente trabajó como inspector del Ministerio de Trabajo hasta su jubilación.
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