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jueves, 31 de mayo de 2012

ODONTOLOGÍA | Problemas

Las 'malditas' muelas del juicio

Beatriz G. Portalatín
Madrid

El reconocido cirujano maxilofacial, Florencio Monje, presidente además del próximo Congreso de Cirugía Oral e Implantología, que se celebrará en Badajoz los días 31 de mayo y 1 de junio, así lo ratifica: "Las muelas del juicio (o tercer molar) lo único que aportan son problemas, daño en el segundo molar, dolor, alteraciones en la salud de las encías y también pueden influir en el apiñamiento de las piezas anteriores".

Estas muelas llevan su nombre por ser las últimas en salir, por salir a una edad donde ya se tiene un "juicio" desarrollado. En el caso de que aparezcan, suelen hacerlo entre los 15 y 25 años aproximadamente, según afirman los expertos. Datos recientes de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial muestran que las muelas del juicio causan problemas a dos tercios de la población y éstas además, con frecuencia no suelen crecer bien, no se colocan adecuadamente. Pero, ¿por qué causan tantos impedimentos?

Cada vez más problemáticas

El doctor Monje apunta que se debe a dos factores fundamentales. El primero es que, actualmente la población tiene un mayor cuidado en la higiene de la boca del que se tenía hace 30 años. Además, el hueso maxilar superior y la propia mandíbula no están preparados para tener tres molares. "En otros tiempos se perdían siempre dientes, la mayoría de ellos primeros o segundos molares, y gracias a esto no había tantos problemas a la hora de erupcionar estas muelas del juicio".

Asegura además, que las inferiores suelen dar más problemas que las superiores, tanto en dolor, como en la aparición de caries o presiones en las piezas que las preceden.

Por otro lado, el especialista descarta que sean estas piezas dentales las culpables de problemas en la articulación de la mandíbula o en el oído. "No tiene por qué. Salvo que haya una erupción muy alterada de las muelas del juicio no generan alteraciones en la mandíbula" ni tampoco en el oído, "salvo que a veces la otalgia (dolor de oído) puede ser el primer signo de problemas en relación con [la aparición y crecimiento] de las muelas del juicio". El doctor lo explica de la siguiente forma: "El área cerebral que recibe las sensaciones relacionadas con la muela del juicio es la misma que la del oído. Por lo tanto, esa área no distingue si está recibiendo sensaciones de la muela o del oído".

Tratamiento y recomendaciones

La pericoronaritis es la causante del dolor que producen estos molares. Esto es, "una irritación de la mucosa que envuelve a la muela", afirma el experto. Por ello, aconseja, aparte de la limpieza local de cada una de las piezas, la ingesta de antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos. Pero, puntualiza que será el especialista quien oriente y prescriba el "tratamiento definitivo".

Asimismo, el doctor recomienda la exodoncia, es decir, la extracción de las piezas en el caso de que las molestias perduren. "Si se sospecha que los problemas van a continuar en el tiempo, lo correcto es realizar una intervención quirúrgica".

Pero tal y como apunta, el primer paso es concienciarse de que realmente se tiene un problema, que provoca verdaderas molestias y afecta, por tanto, a la calidad de vida. En ese caso recomienda "contactar inmediatamente con un especialista en cirugía oral".

Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Inexigibilidad de licencia.

Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente.

Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos efectos informativos.

No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

La inexigibilidad de licencia no regirá respecto de las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.

Declaración responsable o comunicación previa.

Las licencias previas que, de acuerdo con lo anterior, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesión del proyecto, en el caso de que las obras que se hubieran de realizar así lo requieran según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.

Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables, o las comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente.

Sujeción al régimen general de control.

La presentación de la declaración responsable, o de la comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.

Habilitación a las entidades colaboradoras.

Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias referidos en la declaración responsable o comunicación previa, las corporaciones locales competentes podrán recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación. Dichas entidades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a efectos de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o en sus comunicaciones previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas entidades, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte de la administración competente, destinataria de la comunicación.

Solicitudes de licencias efectuadas con anterioridad.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor, que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Empleo presentará en junio cambios en la inspección laboral, estatuto trabajadores y régimen de infracciones Seguridad Social

Empleo presentará en junio cambios en la inspección laboral, estatuto trabajadores y régimen de infracciones Seguridad Social.

Empleo presentará en junio cambios en la inspección laboral, estatuto trabajadores y régimen de infracciones Seguridad Social.

Noticias
16/05/2012 por Editorial CTAIMA

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, adelantó el pasado lunes 14 de mayo que en junio presentará un anteproyecto de ley que introducirácambios en la inspección de trabajo, así como en las sanciones e infracciones en el orden social en materia de empleo irregular y seguridad social. Báñez ha hecho este anuncio en la toma de posesión de 25 nuevos inspectores y de 30 nuevos subinspectores de Trabajo y Seguridad Social. El anteproyecto forma parte del plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de seguridad social que se aprobó el pasado 27 de abril en el Consejo de Ministros y que, en algunos de sus aspectos, debe ser desarrollado normativamente.

Según la ministra, el anteproyecto de junio cambiará, entre otras, la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la ley general de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores y la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Fátima Ibáñez ha señalado que esos cambios normativos sólo buscan mejorar el trabajo diario de los inspectores y los subinspectores para perseguir el fraude, garantizar los derechos de los trabajadores y evitar la competencia desleal entre las empresas que pagan sus impuestos y las que no. El plan aprobado a finales de abril estará en vigor hasta 2013 y, entre otras medidas, endurece las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y fija que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.

Otro de sus objetivos es ampliar el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años. La ministra ha destacado en su discurso que, en la situación actual de crisis y de obligado cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se requiere “intensificar” las acciones contra las actividades fraudulentas en materia de empleo y seguridad social. El ministerio quiere que la “tolerancia sea cero”, ha advertido Báñez, quien ha añadido que “nadie puede estar al margen de la ley” y que hay que poner las bases para una nueva cultura del empleo que sea “más justa y más solidaria”.

Fuente: la información.com

martes, 29 de mayo de 2012

Mañana 30 de Mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, desde la Asociación se organizarán diferentes actos: uno de ellos es la Clausura de la Exposición ARTESOLIDARIA.ES.

Por tal motivo, nos complace invitaros al acto de Clausura de la Exposición ARTESOLIDARIA.ES, que tendrá lugar mañana día 30 de Mayo a las 20:00 en A Casa das Artes, c/Policarpo Sanz, nº15.

Programa:

Presentación del acto por:

20: 05 Dña. Marina Román Doniz- Presidenta AVEMPO
20: 10 D. Mingos Teixeira- Comisario organizador del evento.
20:15 Dña. Isaura Abelairas Rodríguez- Concelleira- delegada da Área de Cultura, Festas e Política
do Benestar. Leerá el Manifiesto por el día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y a su vez los asistentes realizaremos un cordón humano, actividad programada para este día por las diferentes asociaciones españolas de Esclerosis Múltiple, adheridas a AEDEM (Asociación Española de Esclerosis Múltiple).

Seguidamente la actuación del:
Coro de Cámara de Crecente.

Esperamos vuestra asistencia.

Recibid un cordial saludo.

Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple
(AVEMPO)
rúa Camilo Veiga, 44 bajo
36208(Bouzas)- VIGO
tel./fax 986 298 865
mov. 685 113 398
FACEBOOK AVEMPO

Empleo abre la vía para usar el fondo de mutuas en el pago de pensiones

Empleo abre la vía para usar el fondo de mutuas en el pago de pensiones

La recesión y la destrucción de empleo acentúa la caída de ingresos en la Seguridad Social

El Gobierno ha dado el primer paso para recurrir al dinero sobrante de la gestión de las mutuas para pagar las pensiones y aliviar las tensiones de liquidez en la Seguridad Social. El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la venta de los activos financieros adquiridos por el Fondo de Prevención y Rehabilitación “para responder a necesidades de liquidez”, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde la segunda mitad del año pasado, la recaída en la recesión y la renovada destrucción de puestos de trabajo ha acentuado la reducción de ingresos en la Seguridad Social. Hasta el punto de que por primera vez en años, el sistema de pensiones cerró 2011 en números rojos (-0,4% del PIB, poco más de 4.000 millones). La tendencia se ha mantenido en los primeros cuatro meses de 2012, en los que el instituto público ha perdido 478.348 afiliados. De hecho, durante los primeros meses del año, Hacienda para evitar que se produzcan tensiones en tesorería ya ha adelantado a la Seguridad Social el dinero correspondiente a las pensiones no contributivas.

La utilización del fondo de prevención para cubrir el previsible déficit de la Seguridad Social es una de las opciones que hay sobre la mesa del Gobierno. No obstante, esto no supone que se rebaje el déficit, ya que el recurso al patrimonio propio, según la Unión Europea, no sirve para reducir los números rojos aunque reduzca las necesidades de financiación.

A pesar de esto, desde la Seguridad Social se advierte que lo decidido en el Consejo de Ministros es solo para evitar tensiones de Tesorería. “Una cosa es el presupuesto y otra la tesorería. Desde ahí se pagan las pensiones, las prestaciones por desempleo, las indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial, la dependencia y las pensiones no contributivas”, explica el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. “En julio llega uno de los momentos de más exigencia y queremos evitar problemas y que se produzca un descubierto en la caja”, continúa.
Con estas palabras, el secretario de Estado trata de decir que una cosa son las tensiones de tesorería y otra que se haya recursos para pagar las pensiones, algo que está más que garantizado, no solo por los 4.646 millones de euros del Fondo de Prevención sino por los más de 60.000 del Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones).
El paso dado por el Consejo de Ministros no supone que la Seguridad Social ya puede recurrir al dinero del Fondo de Prevención. “Para eso es necesario un cambio en la Ley de Seguridad Social”, explican el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Lo que sí puede hacer el Gobierno es ir vendiendo los 2.816,7 millones de activos financieros (preferentemente bonos de deuda española) que el Fondo de Prevención ha comprado en los dos últimos años.

lunes, 21 de mayo de 2012

 
Un abogado, paseando, vio un letrero que decía:

"CLINICA MÉDICA"

"Curamos toda enfermedad, garantía total o le devolvemos el DOBLE de su dinero"

Pensó: estos se creen muy listos pero yo soy abogado y soy más listo que ellos. Les sacaré el dinero.

Entró en la Clínica, pagó su consulta y lo recibió el médico sonriente...

Buenas tardes, ¿que lo trae a nuestra clínica? - preguntó el médico.

- Doctor, perdí el sentido del gusto y no consigo sentir el sabor de nada, café, agua, arroz, pan, helado etc. ¿Usted podrá curarme?

- Por supuesto - añadió el médico, y pidió a la enfermera que le trajera el frasco número 13.

La enfermera trajo el frasco número 13 lleno de mierda, el médico llenó una cuchara y se la metió en la boca al abogado sorpresivamente.

- ¿Qué es esooooo? gritó el abogado. Está loco?,¡Me dio mierda!.

El médico dijo inmediatamente: - Listo.. Recuperó el gusto, ESTÁ CURADO!!!!!

El abogado salió echando chispas de la clínica pensando: "Este hijoputa me cogió por sorpresa, me vio cara de idiota, pero me las va a pagar...!!! la próxima vez seré infalible".

Días después volvió a la Clínica, entró y pagó su consulta. Lo atendió el mismo médico:

- Hola amigo, ¿de nuevo por aquí?

- ¿Cómo que de nuevo aquí?, ¿quién es usted?, ¿dónde estoy? Huyyy... Creo que perdí la memoria...!!!Enfermeraaaa... tráigame el frasco número 13...!!!

- ¿El frasco numero 13? NOOOOO...!!! de nuevo la mierdaaa NOOOO!!!!

- ¡¡¡Maravilloso..!!! , ¡¡¡Maravilloso...!!!, Recuperó la memoria, ESTÁ CURADO!!!!!....

La historia tiene 2 moralejas:

"LA MAYORÍA DE LOS MÉDICOS SOLO RECETAN MIERDA"

“NADA COMO LA MIERDA PARA HACER ENTRAR EN RAZÓN A ALGUNOS ABOGADOS” ...

miércoles, 16 de mayo de 2012

Un 'Facebook' para salvar vidas a miles de kilómetros

Un médico camerunés viendo el 'perfil' de un paciente.
Fundación Recover.

Noelia Suárez
Madrid

Actualizado martes 08/05/2012 11:19 horas

"En Camerún, solo hay un radiólogo por cada millón de habitantes. Las posibilidades de que pueda atenderte son menores que las de que te toque la lotería". Así define Macrina Camps, gerente de la Fundación Recover, la precaria situación sanitaria de este país africano.

Cuando la salud se convierte en un privilegio al que solo puede acceder una minoría, cualquier ayuda para la asistencia básica marca la diferencia. En Camerún, los médicos especialistas practicamente no existen. Por ello, algunos profesionales españoles 'prestan' sus conocimientos para poder diagnosticar enfermedades y salvar vidas.

La 'Fundación Recover, Hospitales para África' es conocedora de estas deficiencias médicas y desde 2006 trabaja para solventarlas. Cuenta con un grupo de profesionales preocupados por la masificación y corrupción que hay en muchos hospitales africanos.

Esta fundación apuesta por Internet para concienciar a la sociedad de las dificultades que tienen en otras partes del mundo para encontrar servicios de salud con ciertas garantías y a precio asequible. "Allí si no tienes para pagar, te mueres. Hay una 'desasistencia' total", añade Macrina.

Por ello, puso en marcha una plataforma que muestra cómo la tecnología puede jugar del lado de la salud para salvar vidas, gracias a iniciativas como la teleasistencia.

La Red que salva vidas

La 'Red Social Científica Medting' lleva tres años poniendo en contacto a hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas voluntarios españoles.

Los médicos africanos pueden colgar el historial del paciente en la Red para que los voluntarios españoles, en su tiempo libre y sin necesidad de tener que recopilar todos los datos, puedan verlos.

Así facilitan un diagnóstico rápido y sencillo para dar opiniones colegiadas sobre casos clínicos. "En apenas 15 minutos ya has podido diagnosticar porque lo tienes todo a mano", calcula Macrina.

Estas opiniones las comparten con sus colegas profesionales de los hospitales africanos. Concretamente, de tres pequeños centros hermanados situados en Camerún, con una capacidad de 60 camas.

Disponen, también, de una base de datos, asociada a cada perfil, donde las actualizaciones quedan recogidas en un único apartado.

El trabajo de esta pequeña asociación se financia mediante donaciones de particulares, por lo que los recortes de las inversiones públicas en cooperación no les ha afectado.

Macrina cuenta como, pese a no llegar al millón de euros para actuar, han podido especializarse en el sector sanitario y en las zonas sin conflicto de África.

Sin embargo, la falta de recursos no les ha permitido avanzar mucho tecnologicamente. Por ejemplo, las radiografías las cuelgan mediante fotos, al no poder digitalizarlas. "Pero hace poco pudimos comprar un escaner para uno de los hospitales". La calidad de la imagen es uno de los factores clave en los que trabajan, y donde han conseguido más progresos.

El voluntariado, aliado de la formación

El proyecto tiene la capacidad de conjugar la atención sanitaria, la formación y la investigación en una plataforma orientada a la mejora de la atención de los pacientes africanos con menores recursos económicos.

Muchos de los médicos voluntarios 'se enganchan' por solidaridad. Pero, también, toma importancia la curiosidad científica y el aprendizaje. "Los colaboradores pueden ver casos de cáncer avanzado, que en España ya habría pasado por quimioterapia en el primer estadio, o un sida que nunca se ha tratado", cuenta Macrina. "Trabajamos con muchos estudiantes de enfermedades tropicales porque quieren examinarlos", añade.

Esto hace que no sólo se formen los médicos africanos, que amplian sus conocimientos, sino que los especialistas españoles también aprenden con casos y afecciones que no pueden ver en España.

El intercambio de formación y conocimientos es uno de los pilares en los que se basa la fundación. Para ello, aparte de los voluntarios que viajan a áfrica, dan becas de estudios a médicos africanos para que mejoren su formación aquí.

La prevención también cuenta

Sin embargo, la organización no se queda ahí. Para ella, la prevención también es una pieza clave para ayudar en los países más desfavorecidos.

Sus recursos, aunque escasos, según reconoce la gerente, ayudan a la concienciación de la población para temas importantes como las vacunas o la higiene. Todas las personas que pasan por los hospitales hermanados, son informadas mediante charlas de sensibilización.

Macrina destaca el tema asociativo en las comunidades africanas, donde "es muy potente. Nosostros presionamos para que pongan agua potable o letrinas, pero ellos solos se asocian y crean grupos de trabajo para lograrlo".

En la zona próxima a los hospitales se ha creado riqueza a nivel comercial, ya que abren nuevos negocios, y han conseguido que llegue el agua potable.

Aunque la crisis económica amenaza a la solidaridad, la gerente confía en que "el compromiso sea fuerte". Es una garantía que, aunque los colaboradores cada vez trabajen "con más cosas en la cabeza", mantienen ese compromiso. Dedicar 15 minutos para poder salvar vidas, al fin y al cabo, no supone tanto para estos voluntarios.

"En África es importante empezar porque no existe la cobertura médica universal y gratuita, ni siquiera en casos de urgencia", concluye Macrina. Avanzar viene después, "las cosas que se cuidan, van creciendo".

lunes, 14 de mayo de 2012

Axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a seguridade viaria dos mozos e mozas galegos, e se procede

A Constitución española, no seu artigo 48, sinala que os poderes públicos promoverán as condicións para a participación libre e eficaz da xuventude no desenvolvemento político, social, económico e cultural.


Pola súa parte o Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu artigo 27, parágrafos 22, 23 e 24, que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva nas materias de promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer, asistencia social, así como a promoción do desenvolvemento comunitario, que se aplica, entre outros, ao ámbito da xuventude.

Así mesmo, polo Decreto 285/1989, do 16 de decembro, asúmense as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de promoción sociocultural, no ámbito da xuventude e desenvolvemento comunitario.

Coa aprobación do Decreto 109/2012, do 22 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, correspóndelle á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, entre outras funcións, a dirección e xestión das actuacións en materia de xuventude, así como das políticas xuvenís de carácter interdepartamental e de apoio ao desenvolvemento da actividade xuvenil, así como o fomento da participación da mocidade na vida social.

As estatísticas apuntan a que a xuventude é un sector da sociedade especialmente afectado pola actual situación de crise, xa que a súa falta de experiencia, e ás veces, a falta de formación en aspectos non formais, fai especialmente difícil o seu acceso ao mercado laboral.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, leva a cabo a promoción e organización de actividades cun claro compoñente de educación non formal como pode ser a educación en seguridade viaria.

Esta convocatoria ten unha dobre finalidade, por unha parte, trátase de fomentar a autonomía da mocidade galega mediante a mellora da súa empregabilidade, de xeito que poidan achegar o permiso de condución como parte do seu currículum, tendo en conta o necesario que resulta dispoñer da autorización administrativa para conducir vehículos e de que en moitos casos pode ser determinante para o acceso a un emprego, e por outra, ten un carácter formativo, dentro da educación non formal, co que se pretende previr e diminuír a sinistralidade da mocidade galega nas estradas, ao vincular a obtención da axuda á superación dun curso de seguridade viaria.

Neste marco xeral hai que incardinar esta orde, que ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexen as axudas para apoiar economicamente a mocidade da Comunidade Autónoma de Galicia para a obtención do permiso de condución clase B, coa obriga de realizar con aproveitamento un curso de seguridade viaria.

Esta convocatoria axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en concreto, no relativo aos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade na concesión das axudas e subvencións e no establecido no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007 e ás disposicións aplicables da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega e o Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto da convocatoria.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención do permiso de condución clase B por parte dos mozos e mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa empregabilidade e mobilidade, así como sensibilizar e fomentar unha condución segura e responsable entre a xuventude.

Artigo 2. Requisitos dos/das solicitantes.

Poderán solicitar as axudas as mozas e mozos que cumpran os requisitos incluídos no artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia, e ademais:

a) Teñan entre 18 e 30 anos de idade cumpridos no momento de presentar a solicitude.
b) Estean en situación de desemprego, cunha antigüidade mínima de seis meses, no momento de presentar a solicitude.
c) Sexan titulares do carné xove vixente no momento de presentar a solicitude.
d) Teñan a súa residencia en Galicia.
e) Acrediten un nivel de ingresos netos anuais da unidade familiar non superior a 2, 5 veces o indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM) establecido para o ano 2012, incluíndo as pagas extraordinarias, ponderado segundo os membros da unidade familiar, do xeito que se indica:

N.º de membros da unidade familiar

Ingresos máximos
1
14.910, 28
2
16.556,98
3 ou máis
18.637,85

Para os efectos da resolución desta convocatoria, entenderase por unidade familiar a constituída pola persoa beneficiaria e os familiares cos que conviva.

f) Non estar en posesión do permiso de condución obxecto da subvención no momento de presentar a solicitude, ou estar en posesión del, con data de expedición definitiva a partir do 1 de xaneiro de 2012.

Artigo 3. Solicitudes e documentación.

1. Os mozos e mozas que desexen acollerse a esta convocatoria deberán presentar a súa solicitude segundo o modelo oficial que figura no anexo I desta orde, que poderá presentarse na Oficina de Rexistro Único e Información da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en San Caetano s/n, Santiago de Compostela, no Rexistro da Consellería de Traballo e Benestar sito en San Lázaro, en Santiago de Compostela, nos rexistros das súas xefaturas territoriais ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Así mesmo, as solicitudes poderán presentarse por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo: https:/sede.xunta.es

Todas aquelas persoas que non presenten a súa solicitude na Oficina de Rexistro Único e Información da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en San Caetano s/n, Santiago de Compostela, no rexistro da Consellería de Traballo e Benestar sito en San Lázaro, en Santiago de Compostela ou nos rexistros das súas xefaturas territoriais deberán remitir, unha vez rexistrada, unha copia da solicitude por fax ao número 981 54 58 43.

2. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG, e estará aberto ata o día 1 de setembro de 2012, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible.

O esgotamento do crédito dispoñible será publicado no Diario Oficial de Galicia e na páxina web www.xuventude.net. A partir dese momento non se admitirán novas solicitudes.

3. Deberá xuntar á solicitude a seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI para españois ou documento equivalente para nacionais da Unión Europea, ou tarxeta de residencia do solicitante no caso de naturais doutros países, cando o/a solicitante non autorice a Consellería de Traballo e Benestar a consulta dos seus datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.
b) Fotocopia da declaración do IRPF dos membros da unidade familiar obrigados a declarar, correspondente ao último exercicio fiscal. No caso de non ter obriga de declarar, certificación de Facenda da dita circunstancia e declaración xurada de ingresos, acompañada dos correspondente xustificantes.
c) Certificado de convivencia dos membros compoñentes da unidade familiar.
d) Certificado do Inem como demandante de emprego no que conste o tempo de permanencia na situación de desemprego.
e) Fotocopia do carné xove vixente.
f) Certificado de empadroamento nalgún concello de Galicia cando o/a solicitante non autorice a Consellería de Traballo e Benestar a consulta dos seus datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.
g) Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas para as actividades obxecto desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades consonte o modelo que se inclúe nesta convocatoria como anexo II.
h) Certificación bancaria do número de conta do cal sexa titular a persoa solicitante.
i) Declaración de non estar incurso nas prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, conforme o modelo que se inclúe como anexo II.

4. Se na solicitude se apreciasen defectos ou falta de documentación, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado requirirá ao/á solicitante para que no prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará desistido da súa petición, de conformidade co previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo de resolución, que será ditada nos termos do artigo 42.

Artigo 4. Contía da axuda.

O importe da axuda será de 200 euros por beneficiario/a, sempre e cando este importe non supere o custo derivado da obtención do permiso de condución obxecto destas axudas.

Artigo 5. Incompatibilidade da axuda.

Esta axuda é incompatible co aproveitamento de calquera outro tipo de axuda de institucións públicas destinadas á mesma finalidade.

Artigo 6. Concesión e financiamento.

Estas axudas tramitaranse en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co sinalado no artigo 19.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, ao non ser necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas, concedéndose a todos aqueles solicitantes que reúnan os requisitos exixidos no artigo 2 desta orde seguindo a orde de presentación de solicitudes ata esgotar o crédito dispoñible.

No momento en que se esgote o crédito orzamentario, a Consellería de Traballo e Benestar porao en coñecemento xeral a través da páxina web: www.xuventude.net, e publicarao no DOG. A partir dese momento non se admitirán novas solicitudes.

As axudas financiaranse con cargo á partida orzamentaria 2012.12.07.313A.480.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, aprobados pola Lei 11/2011, do 26 de decembro (DOG n.º 249, do 30 de decembro), sendo o crédito destinado ás axudas de 200.000 euros.

Artigo 7. Obrigas dos/as beneficiarios/as.

A condición de beneficiario/a obriga a este nos termos previstos no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en concreto:

1. A figurar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, non ser debedor en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro e non ter ningunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma. En caso contrario, non se fará o pagamento da axuda.

2. A asistir ao curso de educación viaria gratuíto organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e superalo con éxito.

3. A obter o permiso de condución clase B entre o 1 de xaneiro de 2012 e antes do 15 de outubro de 2012 como requisito previo á percepción da axuda.

4. A facilitar por escrito toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

Artigo 8. Instrución e resolución.

1. O órgano instrutor do procedemento será a Subdirección Xeral de Programas da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, quen elevará a súa proposta de resolución ao director xeral de Xuventude e Voluntariado.

2. Correspóndelle ao director xeral de Xuventude e Voluntariado, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar e logo da fiscalización da Intervención, a competencia para a adxudicación das axudas mediante a correspondente resolución, que se notificará ás persoas solicitantes no prazo máximo de seis meses desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen que recaia resolución expresa, deberá entenderse desestimada a petición correspondente.

3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

4. A resolución recaída neste procedemento pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á notificación da resolución, se o acto fose expreso, ou no prazo de tres meses contado a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou ou ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses se o acto é expreso e de seis meses se é presunto, contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución.

5. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, as persoas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación ou ben para presentar a súa renuncia, expresa e motivada, conforme o modelo que se achega como anexo III.
Transcorrido o prazo sinalado sen que se producise manifestación expresa de aceptación ou renuncia, entenderase que se acepta a subvención concedida.

6. Na notificación de resolución da axuda comunicarase, así mesmo, ás persoas beneficiarias, a data de realización do curso gratuíto de educación viaria que, en todo caso, será anterior ao 15 de outubro de 2012.

Artigo 9. Xustificación e pagamento da axuda.

O pagamento da axuda realizarase, logo de que o director xeral de Xuventude e Voluntariado expida certificación na que se faga constar que superou con aproveitamento o curso obrigatorio de seguridade viaria, nun único pagamento, unha vez que a persoa beneficiaria presente, antes do 15 de outubro de 2012:

a) Copia compulsada do permiso de condución clase B, obtido dentro do prazo sinalado no artigo 7.3.
b) Orixinal ou copia compulsada da factura acreditativa do custo de obtención do permiso, factura que deberá axustarse o Real decreto 1496/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
c) Documentación xustificativa do pagamento realizado. Para estes efectos, a persoa beneficiaria deberá realizar o pagamento íntegro da factura mediante pagamento bancario (tarxeta de débito ou crédito), transferencia ou ingreso bancario en que queden claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento e o seu concepto, conforme o disposto no artigo 42.2 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
d) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo fin, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes, e declaración responsable de estar a día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, de conformidade co modelo que se achega como anexo IV.

En todos os pagamentos efectuarase a correspondente retención á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Artigo 10. Reintegro das axudas.

1. Procederá o reintegro nos termos e supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en concreto, nos seguintes casos:

a) Incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente nos termos establecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no establecido nesta orde.
b) Obtención da axuda sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión, con falsificación das condicións requiridas para isto ou ocultación daquelas que o impedisen.
c) Incumprimento das condicións, obrigas e incompatibilidades previstas nos artigos 2, 5 e 7 desta orde.

As persoas adxudicatarias quedan suxeitas ao réxime de infraccións e sancións previsto para esta materia no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 11. Publicidade de datos.

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co disposto no artigo 15.2.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería publicará na súa páxina web oficial de xuventude a relación das persoas beneficiarias, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e da súa publicación na citada páxina web. Así mesmo, coa presentación da solicitude, o/a beneficiario/a autoriza a Consellería de Traballo e Benestar a incluír e facer público nos rexistros regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os datos relevantes referidos ás axudas concedidas. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o/a solicitante poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Consellería de Traballo e Benestar.

Disposición adicional.

Apróbase a delegación de atribucións da conselleira de Traballo e Benestar no director xeral de Xuventude e Voluntariado para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das axudas previstas nesta orde, así como para autorizar e dispoñer os gastos, o recoñecemento das obrigas e a proposta de pagamento, en relación co disposto no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición derradeira primeira.

Facúltase o director xeral de Xuventude e Voluntariado para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2012.
Beatriz Mato Otero

Conselleira de Traballo e Benestar

sábado, 12 de mayo de 2012

Humor

INDISCRETA

- Carmen, estás enferma?
Te lo pregunto porque he visto salir a un médico de tu casa esta mañana.
- Mira, vieja sapa, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya y no estamos en guerra, ¿verdad?
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SOLUCION

Una señora va a sacar el pasaporte. El funcionario en turno le pregunta:
- ¿Cuantos hijos tiene, señora?
- Diez.
- ¿Como se llaman?
- Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, y Bernardo.
- ¿Todos se llaman Bernardo?
- ¿Y como le hace para llamarlos cuando, por ejemplo, están jugando todos afuera?
- Muy simple, grito Bernardo y todos entran.
- ¿Y si quiere que vayan a comer?
- Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a comer.
- Pero si usted quiere hablar con uno en particular, ¿cómo le hace?
- Ah! En ese caso, lo llamo por su apellido.

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Dígame. ¿Cuál es el motivo por el quiere divorciarse de su esposo?
Mi marido me trata como si fuera un perro.
¿La maltrata, le pega?
No, Quiere que le sea fiel....
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En una fiesta se acerca un camarero a ofrecerle más whisky a una muchacha:
Madame, ¿gusta otra copa?
No, gracias, me hace daño para las piernas.
¿Se le adormecen?
No, se me abren!
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viernes, 11 de mayo de 2012

axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil 2012/2013.

Bases reguladoras e convocatoria específica para a concesión de axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (segunda etapa), educación primaria e secundaria, do concello de Vigo, curso 2012/2013.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Constitución española, no seu artigo 39, considera a obrigatoriedade dos poderes públicos de asegurar a protección social, económica e xurídica da familia.

A Lei 7/1985, reguladora de bases de réxime local, no seu artigo 25.2.k e a Lei 5/1997, de administración local de Galicia, no seu artigo 80.2.k, establecen a competencia dos municipios na prestación de servizos sociais e de promoción e inserción social.

Pola súa parte, o Estatuto de Autonomía de Galicia lexitima a actuación lexislativa da Comunidade Autónoma no campo da protección da familia, infancia e adolescencia, nos títulos de competencia xenéricos de asistencia social e de promoción do desenvolvemento comunitario (artigo 27).

A Lei 13/2008, do 3 de decembro de 2008 atribúe aos concellos, entre outras competencias, a creación e xestión dos servizos sociais de atención primaria (servizos de atención comunitaria na vova Lei). Do mesmo xeito, determinase en ambas leis que as administracións poderán conceder axudas económicas para apoiar o coidado de menores, paliar situacións transitorias de necesidade, garantir un mínimo de subsistencia e reforzar procesos de integración familiar e inclusión social.

A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, garante a protección total da familia, en especial a das familias valoradas de especial consideración, ás que se lles asegura un trato preferente, entre otros, nos ámbitos educativos, de vivenda, da cultura, das novas tecnoloxías

O artigo 8 da citada Lei 3/2011, atribúe competencias aos municipios para a execución de programas e proxectos destinados á atención das familias.

O proxecto de axudas municipais escolares de libros, material escolar e comedor leva facéndose no Concello de Vigo hai mais de vinte anos, observándose un crecemento tanto na demanda coma no seu orzamento. Van destiñadas a alumnos/as matriculados en centros docentes públicos e privados concertados, empadroados/as e pertencentes a unidades familiares en situacións carenciais.

Por todo isto convocase a concesión de axudas municipais de libros, material escolar e comedor, no marco xurídico definido da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos básicos da lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, así como o Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

PRIMEIRA.OBXECTO E FINALIDADE

É obxecto da presente convocatoria regular o procedemento para a concesión de subvencións ás familias do alumnado de centros docentes públicos e privados concertados, de educación infantil (segunda etapa), educación primaria e secundaria obrigatoria, con enderezo en Vigo, para o curso 20122013.

As axudas de libros, material escolar e comedor van dirixidas, prioritariamente, a menores de familias con dificultades socioeconómicas e que teñan dificultades en conciliar a súa vida familiar e laboral.

Os programas subvencionables serán:

1. Axudas para a adquisición de libros e material escolar para Educación Infantil (2ª etapa).

2. Axudas para comedores escolares (setembro a xuño, ámbolos dous incluídos) para alumnos/as matriculados nos niveis de Educación Infantil (2ª etapa), Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. Estas axudas outorgaranse de acordo aos principios de publicidade, concorrencia e obxectividade.

O fin último das subvencións é o de favorecer a integración socio laboral dos pais, nais, titores ou acolledores, apoiando a unidade familiar que, por escasez de recursos económicos, non poden afrontar o custo do servizo.

SEGUNDA.CONTÍA

A contía da presente convocatoria ascende a un total de 700.000 € para o curso 2012-2013 e satisfarase con cargo á partida 2310.4810000 distribuidas nas seguintes anualidades:

ano 2012: 283.000 €, dos que 40.000 € destinaranse as axudas de libros e material escolar (educación infantil 2ª etapa) e 243.000 € a axudas de comedor
ano 2013: 417.000 € para axudas de comedor.

TERCEIRA.PUBLICIDADE E PRAZO

A publicación das presentes bases e a resolución das axudas realizarase no taboleiro de anuncios do Concello, nas Unidades de Traballo Social (UTS) e na páxina de internet www.vigo.org. Anunciarase, igualmente, no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria, así como o prazo de presentación de solicitudes, que será reiterada por medio de anuncios nos medios de comunicación.

O prazo de presentación de solicitudes fixase do 2 ao 16 de maio de 2012, ambos inclusive.

As axudas que se concedan a través desta convocatoria, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello e das UTS, con expresión do alumno/solicitante/expediente/colexio/finalidade da subvención (libros, material escolar ou comedor) e a resolución recaída (concedida-denegada ou lista de agarda).

CUARTA.BENEFICIARIOS

O programa para comedores escolares da presente convocatoria engloba dous tipos de persoas beneficiarias, agrupados nas modalidades A e B que deben reunir os requisitos que se sinalan:

Modalidade A.Por convocatoria ordinaria, reunindo os requisitos establecidos na base sexta
Modalidade B.Con carácter excepcional, co fín de dar protección as situacións carenciais ou excepcionais do alumnado que se poideran presentar ao longo do curso escolar, unha vez resoltas as axudas da convocatoria ordinaria, poderán solicitarse axudas con carácter excepcional, debidamente xustificada polos técnicos do Departamento, ante a Comisión de Valoración a que alude a base décimo primeira, e a conseguinte aprobación da Xunta de Goberno Local, sempre e cando cumpran os requisitos para solicitar, acheguen a documentación requirida, reseñen a causa da excepcionalidade da solicitude e exista disponibilidade orzamentaria. Unha vez resolta pasará a formar parte da lista de agarda única froito da convocatoria ordinaria.
Os/as alumnos/as estarán matriculados/as, no curso 2012/2013, en centros públicos ou con concerto pleno nos niveis de:

Educación Infantil (2ª etapa) 3 a 5 anos
Educación Primaria 6 a 12 anos
Educación Secundaria Obrigatoria 12 a 16 anos

As subvencións que se otorguen en calquera das modalidades, realizáranse en réxime de concurrencia competitiva.
Os alumnos/as da modalidade B integraranse na lista de agarda existente, froito da convocatoria ordinaria, en función da renda per cápita obtida.

QUINTA.COMPATIBILIDADE

As axudas municipais escolares de libros, material escolar e comedor son incompatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade de organismos públicos ou privados, agás as que concede o Concello de Vigo a través das FOANPAS e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia para comedor, comprometéndose o solicitante a comunicar e/ou reintegrar o concedido polo Concello de Vigo, no caso de ter percibida outra axuda

Os alumnos/as tutelados/as pola Xunta de Galicia tampouco poderán acceder as axudas de libros, material escolar e comedor. No caso de ter axuda de comedor concedida e seren tutelados pola Xunta, esta sería revocada.

SEXTA.REQUISITOS

Serán requisitos necesarios para solicitar as axudas:

A unidade familiar deberá estar empadroada e residir de modo efectivo no Concello de Vigo (a comprobación realizarase polo propio Departamento de Benestar Social).
Convivir cos alumnos/as para os que se solicitan as axudas
Con respecto á axuda de comedor débese contar con praza no mesmo, de non ser así aínda tendo concedida a axuda non se fará efectiva.
Que os/as alumnos/as para os/as que se solicitan as axudas estean matriculados ou teñan reserva de matrícula en centros públicos ou con concerto total, en segunda etapa de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.
Para acceder aos beneficios de conciliación de vida familiar e laboral, os pais, nais, titores ou acolledores deberán xustificar atoparse empregados no mes anterior ao da convocatoria.
Ter presentado a solicitude e documentación durante os prazos estipulados.
Que a renda per cápita bruta anual da unidade familiar non exceda do 75% IPREM, que equivale ao 100% do subsidio básico da Renda de Integración Social de Galicia para o ano 2011, equivalente a 4.792,56 euros anuais. No caso de non existir datos dos ingresos da unidade familiar, computaráse como mínimo familiar o equivalente ao subsidio básico da Renda de Integración Social, 4.792,56 euros anuais.
Que os centros educativos para os que se solicita a axuda estén ubicados no termo municipal de Vigo.

Para os efectos destas axudas entendese por unidade familiar:

a) A formada polos cónxuxes e os seus descendentes, que convivan habitualmente.
b) Nos casos de separación legal, viuvez, familia monoparental ou unión de feito sen vínculo matrimonial, a formada polos respectivos titulares cos seus descendentes, que convivan habitualmente.
c) A formada polo/a posible beneficiario/a e seus acolledores de feito ou de dereito, que convivan habitualmente.
d) A separación transitoria motivada por razóns de estudo, traballo, tratamento médico ou outras causas similares, non rompen a convivencia para estes efectos.

SÉTIMA.SISTEMAS DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN

a) Os solicitantes, independentemente de que obtivesen axuda na convocatoria anterior, deberán participar como demandantes de nova convocatoria, para o que subscribirán impreso de solicitude segundo modelo I, asinado por todolos membros da unidade familiar maiores de 18 anos.
b) Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte do solicitante, e dos membros maiores de 16 anos.
c) Fotocopia do libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar coas súas datas de nacemento.
d) Para os/as alumnos/as de Educación Infantil (2ª etapa) que soliciten, libros e material escolar, aportarán un xustificante do centro educativo no que se faga constar que para o curso 2012/13 están matriculados/as ou teñen reserva de matrícula neste nivel educativo. e) Para os/as alumnos/as de Educación Infantil (2ª etapa), primaria ou secundaria obrigatoria que soliciten axudas de comedor, aportarán un xustificante do centro escolar no que se faga constar que teñen interés no servizo de comedor para o curso 2012/2013.
f) Fotocopia da certificación do grao de discapacidade no caso de que algún fillo/a da familia esté afectado/a por ela, ou resolución de invalidez.
g) Certificado de empresa, nóminas ou vida laboral, de atoparse en activo no mes anterior o da solicitude dos pais/nais dos alumnos, ou do pai/nai, en caso de familia monoparental, ou titores e acolledores, para valoración de conciliación familiar e laboral
h) No suposto de resultar beneficiario das axudas de libros e material escolar no momento de recibir o talón presentará factura xustificativa orixinal.

OITAVA.FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES

Os/as solicitantes das axudas consideradas nas presente bases presentarán as súas solicitudes a través do Rexistro Xeral Municipal ou por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común na súa redacción dada pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro.

NOVENA.TRAMITACIÓN E REPARACIÓN DE ERROS

A instrucción do procedemento de concesión das axudas convocadas, correspóndelle ao Departamento de Benestar Social, que recibirá as solicitudes e comprobará os requisitos esixibles e a documentación acreditativa, e si fora o caso, requerirá para subsanación da solicitude ou documentación perceptiva de acordo co establecido no art. 71.1 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas, para que no prazo de 10 días hábiles, enmende a falta ou acompañe os documentos requiridos; informaráselle de que, de non o facer, teráselle por desistido da súa petición, tras a resolución que deberá ser ditada nos termos do artigo 42 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999.

DÉCIMA.CRITERIOS DE VALORACIÓN

As solicitudes valoraranse tendo en conta a renda per cápita dos compoñentes da unidade familiar do ano 2011.

1. No caso de existir un/a menor na unidade familiar cunha discapacidade recoñecida entre o 33% e o 65%, este fillo/a computará por dous membros, no caso de que a discapacidade sexa superior ao 65% este fillo computará por tres membros.
2. No caso de solicitudes que accedan para conciliación de vida familiar e laboral (emprego dos proxenitores, titores ou acolledores), computaráse un membro máis na unidade familiar.
A lista de concesión farase por orden inverso ao da contía da renda per cápita da unidade familiar, de menor a maior contía. No caso de igualdade de ingresos, concederáse por maior número de membros da unidade familiar.

DÉCIMO PRIMEIRA.COMISIÓN DE VALORACIÓN

A Comisión de Valoración quedará integrada pola Concelleira Delegada da Área de Política de Benestar, que actuará de presidenta; o xefe de área de Acción Social; a xefa de Servicio de Benestar Social e a técnica responsable do programa. Este órgano colexiado emitirá informe no que se concrete o resultado da avaliación.

DÉCIMO SEGUNDA.CONCESIÓN E RESOLUCIÓN DAS AXUDAS

O/a instructor/a do procedemento avaliará as solicitudes de conformidade cos criterios e valoración que se determinan na base décima, e fará constar expresamente que da información que obra no seu poder, se desprende que os beneficiarios cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás subvencións. O/a instructor/a do procedemento solicitará unha avaliación previa dos/as profesionais responsables das Unidades de Traballo Social.

Rematada a instrucción do expediente, este remitiráselle á Comisión de Valoración establecida na base undécima.

A proposta de resolución conterá a relación na que se indicará todos os/as solicitantes que participan na convocatoria, os/as alumnos/as, renda per cápita anual, expediente, colexio, curso, concepto (libros, material escolar e comedor), resolución das axudas, co seu estado de concedido, denegado ou lista de agarda.
Concedidas.Reseñarase a subvención individual de cada beneficiario/a, tendo en conta que o importe total das mesmas no poden superar o crédito consignado.

Denegadas:
Farase constar algúns dos seguintes motivos:
A solicitude foi presentada fóra de prazo.
Non aportan a documentación requerida.
Non estar empadroados/as.

Matriculado nun centro privado sen concerto.
Supera os ingresos.
O centro non conta co servizo de comedor.

O/A alumno/a non está matriculado/a.

Por non cumprimento do requisito de excepcionalidade.

Lista de agarda: coa seu correspondente orde, por renda per cápita.

A Xunta de Goberno Local, a proposta da instructora do procedemento, previo informe da Comisión de Valoración, acordará a aprobación definitiva das subvencións con cargo á partida 2310.4810000 "Becas libros, material escolar e comedor" do orzamento de Benestar Social Concello do ano 2012 e 2013, por uns importes máximos de 40.000€ para axudas de libros e material escolar de Educación infantil (2ª etapa) e 660.000 € para comedor do curso 2012/2013.

DECIMO TERCEIRA.CONTÍA, PAGAMENTO DAS AXUDAS E XUSTIFICACIÓN

1.CONTÍA PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Educación infantil (3, 4 e 5 anos)....................70,00 € /alumno/a

O pagamento destas axudas realizarase dunha soa vez por medio de cheque bancario, tras a presentación de facturas orixinais. Ditos cheques aboaránse no Departamento de Benestar Social do Concello de Vigo do 1 a o 30 de outubro de 2012.

Nos casos especiais e tendo en conta a situación social da familia subvencionada, o pagamento da axuda, tras a delegación escrita do beneficiario/a, aboaráselle ao/a profesional da UTS ou programa correspondente, que disporá o pago da contía que se subvenciona directamente no establecemento subministrador do material escolar.

2.CONTÍA PARA COMEDOR

O prezo da praza de comedor será comunicado polo Centro escolar, previamente deducidas as subvención recibidas ou pendentes de recibir, para a mesma finalidade, ao Departamento de Benestar Social do Concello,

A axuda municipal de comedor, por mes e alumno/a será como máximo de 41 €.

Nos meses de decembro de 2012 e abril de 2013, aboarase o 70% do custo total mensual do comedor, en lugar do 100% por ter menos dias lectivos. A diferencia, de habela, entre o prezo da praza e a axuda municipal deberá ser pagada polo pai, nai ou titor.

3.PAGAMENTO DAS AXUDAS DE COMEDOR

As axudas concédense ás familias e pagaránse aos centros, que actuarán como entidades colaboradoras nos térmos previstos na Lei 38/2003, xeral de subvenciones, e na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Os centros asumen o compromiso de xestionar a aplicación dos fondos, de acordo a sua finalidade, responsabilizándose de comunicar as baixas e os traslados dos/as alumnos/as beneficiarios/as ao Departamento de Benestar Social.

4.PAGO Á ENTIDADE COLABORADORA E SEGUEMENTO DAS AXUDAS

O pago realizaráse mediante transferencias dende a conta habilitada 2080-5000-67-3110242616 do Departamento de Benestar Social á conta corrente de cada un dos centros educativos cos que se conveña a colaboración para a xestión destas axudas.

A xustificación dos ingresos na entidade colaboradora acreditarase mediante o soporte documental da transferencia.

As propostas de aboamento aos centros educativos faranse de xeito anticipado en tres prazos:

O primeiro, ao longo do primeiro trimestre do curso escolar, por un importe máximo estimado correspondente ao 40 por 100 do importe correspondiente á resolución definitiva de beneficiarios/as.

O segundo, no segundo trimestre do curso escolar, ata completar un importe máximo correspondente ao 80 por 100 de todas as becas efectivamente concedidas para o curso escolar, previo reaxuste das cantidades abonadas no primeiro pago.

O terceiro, no último trimestre do curso escolar, ata completar o 100 por 100 do importe total de todas as becas, en función das necesidades reales satisfeitas nos pagos anteriores e previo reaxuste da cantidade concedida nos mesmos.

Unha vez finalizado o curso escolar, a dirección do centro certificará a utilización do servizo de comedor durante todo ou parte do curso por parte dos/as alumnos/as beneficiarios/as e a aplicación dos fondos recibidos ao pago dos servizos de comedor, achegando á mesma os listados de sinaturas dos pais, nais e/ou titores.

No pago do segundo e tercer aboamento regularizaranse os correspondentes axustes debidos aos traslados ou renuncias dos alumnos/as beneficiarios/as, tendo que reintegrar, en todo caso as cantidades que correspondan as baixas producidas e non cubertas con alumnos/as da lista de agarda.

O traslado de centro docente o longo do curso dentro do municipio, non supón para o beneficiario/a, a perda da axuda, sempre e cando, no novo centro exista dispoñibilidade de praza e sexa comunicado ao Departamento de Benestar Social para a súa autorización. O traslado, de producirse, surtirá efectos a partir do primeiro día do mes seguinte.

Se o/a alumno/a trasladárase sen finalizar o mes a outro centro, será a familia a que se faga cargo do abono do comedor.

De producirse baixas entre os beneficiarios/as das axudas escolares de libros, material escolar e comedor, estas serán cubertas por outros alumnos/as, que téndoa solicitada por calquera das modalidades fixadas na claúsula cuarta, atópanse na lista de agarda con menor renda per cápita, independentemente do colexio ao que pertenza, sempre que exista crédito.

DÉCIMO CUARTA.RECLAMACIÓNS

O prazo de resolución e de notificación non excederá de seis meses contados desde o inicio do prazo de presentación de solicitudes. A resolución do procedemento notificaráselles aos interesados/as conforme ao previsto no artigo 58 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

O vencemento do prazo máximo sen terse notificada a resolución lexítima aos interesados/as para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da axuda.

Contra estas bases e as resolucións administrativas que se adoptan na súa execución poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición perante o órgano que a dictou no prazo dun mes. Entenderase desestimado si transcorre outro mes sin contestar; neste caso poderá interpoñerse recurso contencioso-administgrativo perante o Xulgado do Contencioso Administrativo tal como prevé o artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses.

Os prazos contaranse a partir do día seguinte da súa publicación.

Contra a resolución individual poderán interpoñerse recursos potestativos de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da publicación da resolución no taboleiro de anuncios do Concello e das Unidades de Traballo Social e na web do Concello.

DÉCIMO QUINTA.OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS/AS

Serán obrigas dos beneficiarios/as das subvencións, ademais das previstas nestas bases e convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de Subvencións de Galicia, as que seguen:

Utilizar o servizo de comedor todo o mes, agás causas xustificadas.

Comunicar ó Departamento de Benestar Social ou ó centro educativo as baixas.

O cumprimento das normas establecidas no regulamento interno do centro educativo para o servizo de comedor ao que pertence o alumno/a, o Consello Escolar do centro poderá adoptar as medidas que crea oportunas. Se a medida adoptada fose a expulsión do servizo de comedor, a axuda suspenderase polo tempo que esta dure.

O pai, nai ou titor está obrigado/a a asinar os listados da axuda de comedor no centro escolar no que estea matriculado o alumno/a.

Ó aboamento por parte do pai, nai ou titor da diferencia, de existir, entre o prezo real do comedor e a axuda percibida.

DÉCIMO SEXTA.REVOCACIÓN E RÉXIME SANCIONADOR

a) No caso das axudas de libros e material escolar, revocarase a subvención concedida cando esta non fora destiñada ao fin para a que foi concedida.

b) No caso de axudas para comedor, cando o Concello teña coñecemento da ausencia a dun/a sen causa xustificada, por un período continuado de catro días, ou tres alternos no período dun mes, poderá sancionarse o/a éste/a coa suspensión temporal ou definitiva para o curso 2012-2013. A suspensión comenzará sempre o primeiro día do mes e de tratarse dunha suspensión temporal, o reinicio será tamén a primeiros do mes estipulado.

c) Todas as demáis causas de reintegro que contén o Título II da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

DÉCIMO SÉPTIMA.NORMA FINAL

En todo aquelo non previsto nas presentes bases, serán de aplicación as normas básicas da Lei xeral de subvencións e da Lei de subvencións de Galicia sobre causas de invalidez (artigo 36 LXS e 32 LSG), causas e réxime de reintegro da subvencións (artigo 37 LXS e 33 LSG), réxime de infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral, con carácter pleno ou supletorio, no non previsto, a Lei xeral de subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, RD 887/2006, de 21 de xuño; a lexislación básica do Estado de réxime local; a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia; as bases de execución do orzamento do Concello de Vigo para o ano 2012; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

Vigo, a 9 de abril de 2012.A Coordinadora do Servizo de AMES, M. Dolores González Alonso. Conforme: O Xefe de Área de Acción Social, Jesús Núñez Torrón.

miércoles, 9 de mayo de 2012


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Tel.: 91 583 70 00

NOTA Nº 1/12

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES

Con carácter previo al análisis de los distintos supuestos a los que se refiere esta nota, deben realizarse las siguientes precisiones, teniendo en cuenta la complejidad y amplitud de la cuestión tratada. De este modo:

a) Esta nota queda limitada al ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con exclusión de otros impuestos.

b) Asimismo, la amplitud de la cuestión controvertida, tanto en los servicios que pueden prestar los socios en las sociedades como en la tipología de las formas sociales, aconsejan contemplar los casos generales o más habituales, por lo que el informe debe centrarse en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y en servicios de gerencia y profesionales, sin perjuicio de hacer referencia marginalmente a otros supuestos.

c) Se puede afirmar que no existe una identidad entre el concepto de rendimientos del trabajo en el IRPF y el concepto de relación laboral propio del derecho laboral. Así, la normativa del IRPF establece supuestos de obtención de rendimientos del trabajo que no derivan de una relación laboral, tales como el personal estatutario, de acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre de 2006) –en adelante LIRPF-), cargos de representación política (artículo 17.2.b) de la LIRPF), o administradores (artículo 17.2.e) de la LIRPF.

Por el contrario, existen relaciones laborales que no generan rendimientos del trabajo sino de actividades económicas. Así, el artículo 17.3 de la LIRPF establece que cuando los rendimientos: “…derivados de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y de la relación laboral especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de actividades económicas”.

También cabe señalar que la normativa del IRPF considera rendimientos del trabajo casos en los que los rendimientos no derivan de una prestación de servicios realizada por el contribuyente, como en el caso de la aportación de bienes o derechos al patrimonio protegido de la persona discapacitada (artículo 17.2.k) de la LIRPF).

La primera conclusión de carácter general es que la calificación como rendimiento del trabajo de los rendimientos derivados de los supuestos incluidos en esta nota, no puede basarse como único criterio en la calificación a efectos laborales de la relación de la que derivan dichos rendimientos.

d) Por último, ha y que tener en cuenta que, con independencia de que puedan establecerse en determinados casos criterios delimitadores que permitan determinar de una forma genérica la naturaleza a efectos del IRPF de determinados rendimientos, la concurrencia o no en cada caso de las circunstancias que determinan dicha calificación es una cuestión de hecho, cuya acreditación deberá efectuarse por medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

Sentados los extremos anteriores, pueden distinguirse, en términos generales, los siguientes supuestos de servicios prestados por el socio a la sociedad:

1. Socios que son a su vez miembros del órgano de administración de la sociedad anónima o de responsabilidad limitada.

La condición de socio no afecta a la calificación de los rendimientos que éste obtenga por las funciones desempeñadas como miembro del órgano de administración de la sociedad: a efectos del IRPF, las retribuciones percibidas por los miembros del órgano de administración tienen la consideración de rendimientos del trabajo previstos en la letra e), del apartado 2, del artículo 17 de la LIRPF, que establece que en todo caso, y con independencia por tanto de su naturaleza mercantil, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo “Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos”.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo, en una reiterada jurisprudencia, de la que son muestra las Sentencias de 21 de abril de 2005 y 13 de noviembre de 2008, ha considerado respecto de los administradores de una sociedad con la que han suscrito un contrato laboral de alta dirección que supone el desempeño de las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad propias de dicho cargo (esto es, la representación y gestión de la sociedad), que debe entenderse que su vínculo con la sociedad es exclusivamente de naturaleza mercantil y no laboral, al entenderse dichas funciones subsumidas en las propias del cargo de administrador, “porque la naturaleza jurídica de las relaciones se define por su propia esencia y contenido, no por el concepto que le haya sido atribuido por las
partes” (STS 13/11/2008).

Por tanto, la totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador, con independencia de que se hubiera formalizadoadicionalmente a dicho cargo un contrato laboral de alta dirección, deben entenderse comprendidas, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, en los rendimientos del trabajo previstos en la letra e), del apartado 2, del artículo 17 de la
LIRPF.

La calificación anterior es independiente de que dichas retribuciones sean o no deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Así, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2004 admite que una retribución de administradores pueda no ser deducible en el Impuesto sobre Sociedades y tribute en el IRPF como rendimiento del trabajo.

2. Socios que prestan servicios a una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, distintos de los propios de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Debe destacarse en primer lugar que la posibilidad de concurrencia de la doble condición de administrador y socio de la entidad no afecta a la calificación de los rendimientos derivados de la prestación de servicios a la entidad al margen de su condición de administrador.

En cuanto a la calificación de tales servicios (ajenos a la condición de administrador) debe señalarse que no existen reglas especiales a tal efecto en la normativa del IRPF, por lo que debe acudirse al concepto general de rendimientos del trabajo y de actividades económicas establecido en dicha normativa.
El artículo 17.1 de la LIRPF establece que “se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

En consecuencia, en el IRPF se calificarán como rendimiento del trabajo la contraprestación percibida por el socio que presta servicios a la entidad en cuyo capital participa, salvo que la contraprestación de tales servicios deba calificarse como rendimiento de actividad económica.

A estos efectos, el artículo 27.1 de la LIRPF, dispone lo siguiente:

“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas“.

Como puede observarse de la definición contenida en el citado artículo 27.1 de la LIRPF, la calificación como rendimiento de actividad económica exige el cumplimiento de dos requisitos esenciales:

1. Ordenación por cuenta propia.

2. Existencia de medios de producción en sede del socio.

A continuación se analizan cada uno de estos requisitos:

2.1. Análisis del requisito de existencia de una ordenación por cuenta propia.

Para tal análisis, según reiterada jurisprudencia sobre esta materia, (se cita por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007) resulta irrelevante la calificación de los contratos efectuados entre las partes, debiendo analizarse la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto. De acuerdo con la citada sentencia, “en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.”

De acuerdo con la sentencia anteriormente citada, “los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la emuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.”

En consecuencia, en presencia de notas de dependencia y ajenidad no puede entenderse que se esté llevando a cabo una ordenación por cuenta propia de medios de producción en los términos previstos en el artículo 27 de la LIRPF.

Al respecto, la Dirección General de Tributos ha señalado en su consulta vinculante V1492-08 que la condición de socio se considera como «un indicio significativo de la inexistencia de las notas de dependencia y ajenidad».

Ahora bien, para la comprensión de dicho inciso deben tenerse en cuenta lo siguiente:

1º La consideración de la condición de socio como un indicio significativo de la ausencia de tales notas no debe llevar a entender que en ningún caso pudieran concurrir las mismas en un socio de una entidad. Es decir, es perfectamente posible que un socio de una entidad no lleve a cabo ordenación por cuenta propia alguna (así se infiere de la V0918-09).

La concurrencia de tales notas (dependencia y ajenidad) es una cuestión de hecho por lo que deberá analizarse cada caso concreto la existencia o no de las mismas, teniendo en cuenta todos los elementos de prueba correspondientes más allá de la mera participación en un determinado porcentaje en el capital de la sociedad.

Eso sí, a partir de un 50 por ciento de participación en el capital social de la entidad no podrá entenderse que se dan las citadas notas de dependencia o ajenidad, por lo que en este caso sí debe considerarse que existe tal ordenación por cuenta propia (artículo 2.1.c de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo o la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1998, entre otras).

De hecho, este criterio se ha tenido en consideración por parte del citado Centro Directivo en la consulta vinculante V0179-09, en la que se concluye la condición de sujetos pasivos de dicho impuesto de ambos socios.

2.2. Análisis de la existencia de medios de producción en sede del socio.

Tal y como se ha señalado anteriormente resulta imprescindible la existencia de medios producción en sede del socio persona física para poder calificar como rendimientos de actividades económicas la contraprestación percibida por los servicios prestados a su entidad.

En particular, debe tenerse en cuenta que en el caso de servicios profesionales (abogacía, asesoría, servicios de arquitectura, medicina…) el principal medio de producción reside en el propio socio, esto es, en la propia capacitación profesional de la persona física que presta los servicios, -se trata de servicios cuya contratación tiene un marcado carácter “intuitu personæ”, de manera que los medios materiales necesarios para el desempeño de sus servicios proporcionados por la entidad son de escasa relevancia frente al factor humano.

En consecuencia, desde la perspectiva fiscal, resulta esencial analizar en cada caso concreto la presencia o ausencia de las notas de dependencia y ajenidad y la existencia o no de medios producción en sede del socio, de manera que, existiendo tales medios de producción en sede del socio, sólo en ausencia de tales notas cabrá entender que los socios de la entidad ejercen su actividad ordenando los factores productivos por cuenta propia en el sentido del artículo 27 de la LIRPF y por tanto desarrollan una actividad económica. Por el contrario, la calificación de los mismos será de rendimiento del trabajo cuando existan las citadas notas de dependencia y ajenidad o cuando se carezca de los citados medios de producción.

Evidentemente, la existencia de tales notas y medios de producción es una cuestión de hecho, correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria y pudiendo ser acreditada por el contribuyente a través de medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

3. Otros supuestos distintos de los anteriores.

La normativa del IRPF contiene reglas especiales para los servicios prestados por socios de determinados tipos de sociedades:

3.1. Socios trabajadores de cooperativas.

A efectos del IRPF los rendimientos derivados de los trabajos realizados por los socios trabajadores de la cooperativa de trabajo asociado en su condición de socios trabajadores y no de forma independiente o al margen de dicha condición, tienen la naturaleza de rendimientos del trabajo.

La consideración como rendimientos del trabajo de las retribuciones satisfechas a los socios cooperativistas por los servicios prestados a la cooperativa deriva de lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas (BOE de 20 de diciembre), que dispone:

“Las Sociedades Cooperativas vendrán obligadas a practicar a sus socios y a terceros las retenciones que proceden de acuerdo con el ordenamiento vigente. En particular, en el supuesto de socios de Cooperativas de Trabajo Asociado o de socios de trabajo de cualquier otra cooperativa, se distinguirán los rendimientos que procedan del trabajo personal de los correspondientes al capital mobiliario, considerándose rendimientos del trabajo el importe de los anticipos laborales, en cuantía no superior a las retribuciones normales en la zona para el sector de actividad correspondiente”.

Dicha Ley ha sido expresamente declarada vigente en lo referido al IRPF, -salvo el artículo 32 relativo a la deducción por doble imposición de dividendos-, por la disposición derogatoria primera 2.2º de Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Agencia Tributaria

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

3.2. Socios profesionales de sociedades civiles profesionales.

La normativa del IRPF contiene reglas especiales relativas a la tributación de las sociedades civiles, que afectan a la calificación a efectos de dicho Impuesto de los rendimientos obtenidos por sus socios profesionales.

En ese sentido debe indicarse que las entidades en régimen de atribución de rentas (concepto que incluye las comunidades de bienes y sociedades civiles, entre otras) no constituyen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 8.3 de la LIRPF. Por su parte, el artículo 88 de la LIRPF establece que las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos.

Lo anterior implica que los rendimientos que un socio pueda percibir por su trabajo en la sociedad no se integran en el IRPF como rendimientos del trabajo -o en su caso, como rendimientos de actividades económicas correspondientes al socio, como profesional persona física e independientes de los rendimientos que corresponden a la sociedad -, sino que su integración se realiza por la vía del régimen de atribución de
rentas, constituyendo para el socio una parte del rendimiento de la actividad económica obtenido por la sociedad que le resulta atribuible, ya que se trata de una mayor participación de ese socio en el rendimiento de la entidad.

Consecuencia de la calificación anterior es que las cantidades percibidas por el socio por su trabajo en la sociedad no constituyen para la entidad gasto deducible para la determinación del rendimiento neto, precisamente, por constituir una mayor participación de ese socio en el rendimiento neto de la sociedad civil.
Por tanto, el socio que trabaja en la actividad percibirá una retribución, determinada contractualmente, por la aportación de su trabajo. Además, se atribuirá el porcentaje que le corresponda, según los pactos establecidos, del rendimiento neto restante, es decir, una vez minorada dicha retribución. Como se ha indicado anteriormente, estos rendimientos atribuidos se califican como rendimientos de actividades económicas.

Madrid, a 22 de marzo de 2012